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Mes: junio 2020

Delincuentes violentos: ¿castigar o rehabilitar? Club de Ciencias Forenses

Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Should all violent offenders be treated equally? Perceptions of punishment and rehabilitation for violent offenders with varying attributes” de Atkin-Plunk C. A. (2020), en el cual se examinan las preferencias diferenciales de sanción para los delincuentes violentos en función de sus atributos personales.

Criminales, agresores sexuales, ladrones, delincuentes juveniles… si pudieses elegir, ¿optarías por castigos, rehabilitación o ambas?

Hasta los años ’70, la ideología correccional estaba mayoritariamente basada en la rehabilitación de los individuos implicados en conductas delictivas. Con la aparición de diversas publicaciones que ponían en duda la eficacia de los programas de rehabilitación, el enfoque ha cambiado hacia acciones más punitivas. Por ello, la población correccional registró un aumento destacable.

En este proceso de cambio, la opinión publica también se tuvo en cuenta. Muchos investigadores del momento han analizado si la población se orienta hacia lo punitivo tanto como los legisladores. Las tendencias registradas mostraban que la población tiene una actitud altamente punitiva hacia la criminalidad. Acepta leyes duras de castigo, optan por la encarcelación, sentencias más largas y la pena de muerte.

En cualquier caso, la población sigue apoyando los programas de rehabilitación.  Esto lleva al concepto de justicia equilibrada. Aunque deseemos castigar duramente a los que incumplen la ley, también aprobamos la rehabilitación e incluso la reintegración. Generalmente, parece que se ha superado la visión de los años ’20 tipo enciérralos y tira la llave.

Se ha visto que incluso los individuos más conservadores, que atribuyen la culpa de los delitos a factores disposicionales (p. ej. personalidad), también reconocen que los factores situacionales pueden llevar a cometer delitos. Aunque haya una visión muy punitiva de los delitos (p. ej. como ocurre en el estado de Texas), muchas personas optan por sanciones de rehabilitación para los delincuentes no violentos.

Cuando se trata de conductas violentas, hay una tendencia de preferencia para los castigos severos. Muchas personas consideran que en la rehabilitación no funciona para los delincuentes violentos. Por ello, si tenemos que elegir una intervención para un traficante de drogas, es más probable que optemos por la rehabilitación. En cambio, si el delincuente es un violador, esa opción no nos parece viable.

Hasta aquí, queda claro que la gravedad del delito nos influye a la hora de elegir sanciones. Dónde hay violencia, queremos más castigo. Lo que queda menos claro es qué condiciones o atributos de los delincuentes violentos influyen en las preferencias de sanción.

Es decir, aparte de diferentes tipologías de delitos, ¿nos influye saber que el delincuente sufre de drogodependencias u trastornos mentales, que ha vivido bajo patrones de abuso o que ha prestado servicio militar? El estudio citado pretende indagar en ello.

La elección de tales atributos se basa en evidencias de que solemos juzgar una conducta como moralmente incorrecta en función del estado mental del delincuente. En cambio, cuando elegimos una sanción, tenemos en cuenta el daño causado por tales conductas.

Una asignación de sanciones más duras se da cuando consideramos que el delincuente es moralmente responsable del daño causado. Por ello, es posible que ciertos atributos reduzcan o aumenten la percepción sobre la responsabilidad moral del delincuente y, consecuentemente, asignar sanciones más o menos duras.

En el estudio participaron 575 estudiantes universitarios de criminología. Estos contestaron a varias preguntas completando un cuestionario. Para cada pregunta hay 4 versiones en las que se plantea un atributo diferente: drogodependencia, trastornos mentales, veteranos e individuos que han sufrido de violencia doméstica.

También se registran diferentes variables demográficas, así como el riesgo percibido de ser víctima, importancia que se da a la religión y actitudes racistas. Todas ellas se han seleccionado en base a evidencias previas de relación con actitudes de castigo de los delincuentes.

¿Cuál debería ser la meta de las sentencias para delincuentes violentos: castigar o rehabilitar?

Tal como se esperaba, los participantes no ven a todos los delincuentes violentos de la misma manera. Por ejemplo, creen que la rehabilitación debería ser la primera elección cuando se trata de delincuentes que sufren de trastornos mentales (38,9%). Por otro lado, creen que los que menos deberían recibir este tratamiento como primera elección son aquellos delincuentes que han sufrido de violencia doméstica (12,1%).

Para una justicia equilibrada optan aproximadamente la mitad de los sujetos, tanto para delincuentes que sufren de drogodependencias (45,7%), como para aquellos que sufren de trastornos mentales (47,8%) o son militares veteranos (45,4%). Para los delincuentes que han sufrido de violencia doméstica se registran mayores preferencias para sanciones típicas como el encarcelamiento (62%).

¿Se merecen estos delincuentes violentos tener acceso a programas de rehabilitación? ¿Es posible rehabilitarlo y son estos programas eficaces? ¿Cooperan los delincuentes con los profesionales de rehabilitación en ese proceso?

Las respuestas a estas preguntas conforman creencias sobre los programas de rehabilitación. Lo que se pretende es observar si estas creencias son diferentes en función de las características de cada participante (p. ej. sexo, raza) del estudio.  Por ejemplo, ¿son la raza o la ideología política características que marcan la diferencia en estas creencias sobre rehabilitación?

En todos los casos de delincuentes violentos con los diferentes atributos planteados se observa que, cuando los participantes creen que estos merecen tener acceso a la rehabilitación y/o que esta es eficaz, hay mucha más probabilidad de optar por un sistema de justicia equilibrada. También hay mayor tendencia en estos casos a mostrar preferencias hacia la rehabilitación por encima del castigo.

En el caso de los delincuentes violentos con trastornos mentales o con drogodependencias, la variable demográfica con mayor impacto es la ideología política. Específicamente, si los participantes se identifican con una ideología conservadora, las preferencias de castigo son mayoritarias y mucho más que en los sujetos liberales. Cuando se trata de delincuentes violentos militares veteranos, quienes se identifican con una ideología política moderada apoyan más el castigo y menos la rehabilitación que los liberales.

Otra variable demográfica con un papel destacable es el año de estudio en el que se encuentran los participantes. La preferencia por la justicia equilibrada se da más en sujetos que se encuentran en el último año de carrera cuando se trata de delincuentes violentos con drogodependencias.

La nota media del curso parece mostrar una asociación con las preferencias de castigo/rehabilitación para los delincuentes violentos que han vivido en un entorno de violencia doméstica. Específicamente, a mayor nota media, mayor probabilidad de optar por un sistema de justicia equilibrada. Para este tipo de delincuentes, también influyen en las preferencias de castigo/rehabilitación la raza y el género de los participantes. Parece que los hombres blancos son los que más optan por la rehabilitación y no por el castigo.

En resumen, las creencias de que la rehabilitación funciona, que los delincuentes violentos se merecen acceso a ello e incluso que estos vayan a colaborar en su proceso de tratamiento (para los veteranos) están detrás de las preferencias por una justicia equilibrada y para la rehabilitación como primera elección por encima del castigo.

Ello ocurre en todos los casos, pero con matices. Los porcentajes de probabilidad de optar por una preferencia de justicia equilibrada debido a las creencias antes mencionadas son mayores cando se trata de delincuentes violentos con trastornos mentales y menores para los que han vivido en entornos de violencia doméstica. La ideología política y el nivel de formación influyen en algunos casos, por lo que los atributos de los delincuentes violentos sí impactan en las preferencias de sanción.

Todo ello implica que la opinión pública no es tan punitiva como se ha pensaba. Las creencias sobre la eficacia de la rehabilitación y la posibilidad de que estos delincuentes mejoren a través de ello generan unas preferencias diferentes que cuando no se cree en el tratamiento. Asimismo, la responsabilidad moral que se atribuye a un delincuente varía según ciertos atributos. Es decir, la población percibe de manera diferente la causa de la conducta violenta.

Pero ¿qué pasa cuando se trata de personas no delincuentes? ¿También evaluaríamos la responsabilidad de manera diferente cuando, por ejemplo, sufren de drogodependencias o de trastornos mentales? Os invitamos a la reflexión.

 

 

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Déficits en las funciones ejecutivas como posibles predictores de la violencia de pareja. Club de Ciencias Forenses

Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “A systematic review of executive cognitive function intimate partner violent offenders” de Humenik A. M., Grounds Z., K., Mayer H. M. y Dolan S. L. (2020), en el cual se analizan múltiples evidencias relativas a la relación entre las disfunciones cognitivas de las funciones ejecutiva y el comportamiento violento en la pareja.

La violencia de pareja (VP) es un problema de salud pública que afecta a millones de mujeres y hombres, niñas y niños en todo el mundo. Está conectada con múltiples consecuencias negativas: problemas de salud física y psicológica, aumento de costes, victimización y morbilidad.

Este concepto -violencia de pareja- abarca comportamientos desadaptativos como la violencia física, psicológica y sexual, el acoso y el control del comportamiento del otro. Para explicar las causas de la VP se han desarrollado diversas teorías que atienden a factores socio-culturales, contextuales, de personalidad, entre otros. Aunque hayan recibido cierto apoyo empírico, fallan en explicar las probables contribuciones de algunas variables biológicas.

En este sentido, existen evidencias de la relación entre las disfunciones neuropsicológicas y la agresión. Más específicamente, se habla de disfunciones de las funciones cognitivas ejecutivas (FEs) que facilitan las conductas de agresión.

En cualquier caso, la VP y la agresión en general son dos constructos que difieren en cuanto a rasgos de personalidad implicados, comportamientos antisociales y presencia de psicopatologías. Ello implica que, si las disfunciones de las FEs están asociadas a la agresión, no necesariamente serán de gran importancia en la violencia de pareja. La VP es un proceso complejo, que va más allá de las conductas de agresión per se.

Por ello, se necesita evaluar de manera específica las conexiones entre la violencia de pareja y las FEs. Los autores de este estudio recopilan los hallazgos en cuanto a estas conexiones, atendiendo a las funciones cognitivas de alto nivel o ejecutivas que ya han mostrado importancia en los comportamientos de agresión.

Estas FEs son: la memoria de trabajo (MT), la flexibilidad cognitiva, la inhibición (control inhibitorio), la fluencia y la toma de decisiones. Todas están mediadas por el proceso de atención y tienen un papel importante en el control y la regulación de procesos implicados en las intenciones, planificación y desarrollo de las conductas necesarias para conseguir una meta. En general, las disfunciones en el funcionamiento de las FEs están asociadas a dificultades académicas, profesionales e interpersonales.

Los estudios sobre agresión y FEs indican que los sujetos que presentan mayores niveles de impulsividad, desinhibición e inflexibilidad cognitiva también muestran conductas agresivas más violentas y con mayor frecuencia. También hay evidencias de que los déficits en las FEs de mayor gravedad están asociados a tipos específicos de comportamientos antisociales.

Los estudios sobre violencia de pareja y su relación con el funcionamiento de las FEs muestran resultados mixtos que vamos a describir a continuación. Estos hallazgos provienen de 22 estudios que incluyen mediciones de FEs y cuyas muestras de estudio se componen de sujetos mayores de edad y que hayan llevado a cabo conductas de violencia de pareja.

La flexibilidad cognitiva es la habilidad de pensar sobre algo de múltiples maneras e incluye el concepto de cambio mental (de creencias, punto de vista, etc.). En general, es una de las funciones más estudiadas en relación a la agresión.

De los estudios analizados, 20 muestran relaciones entre déficits en flexibilidad cognitiva y la violencia de pareja. La relación se explicaría por la puesta en práctica de estrategia inefectivas de resolución de problemas. Por ello, cada vez que el sujeto violento se encuentra con una situación de pareja que considera como un problema, aplica estrategia de resolución basadas en la agresividad y la violencia.

Aunque los grupos control varían de estudio a estudio, generalmente los maltratadores registran mayor cantidad de errores en las tareas de flexibilidad cognitiva y responden más lentamente. Comprados con grupos de sujetos no violentos, los sujetos maltratadores fallan más. En cambio, en otros estudios son los que más fallan en las tareas de flexibilidad cognitiva pero no más que los agresores sexuales.

La memoria de trabajo es la habilidad de almacenar y manipular información en la consciencia por un corto periodo de tiempo.  Es clave en la regulación del procesamiento de la información social, de la atención y de las conductas orientadas a metas.

Los déficits de la MT se han asociado con una interpretación errónea de las señales sociales. Esta interpretación errónea es un factor de riesgo para las agresiones, tanto en niños/as como en adultos. Más específicamente, los sujetos implicados en conductas violentas suelen mostrar un peor rendimiento en tareas de memoria de trabajo espacial que los sujetos no violentos.

En cuanto a los maltratadores, hay resultados mixtos debido a la diversidad de metodología y medidas que utilizan. Por ejemplo, en un estudio se comparan sujetos condenados por VP con dependencia de alcohol (VP+), sujetos no condenados por VP con la misma dependencia (VP-) y sujetos fumadores como grupo control. En la tarea de recuperación de dígitos contando hacia atrás, el grupo VP+ ha mostrado el peor rendimiento.

En otro estudio se ha comparado el rendimiento de sujetos maltratadores con y sin historial de otras conductas violentas y un grupo control sin condenas. En una tarea de span de memoria para dígitos, ambos grupos de sujetos maltratadores han mostrado peores resultados que el grupo control. Además, el grupo de maltratadores con historial de otras conductas violentas exhibió el peor rendimiento.

 Resultados como estos indican la presencia de patrones de déficits de la MT diferenciales entre aquellos que cometen VP y aquellos que cometen conductas violentas de manera más generalizada. Aun así, los resultados difieren en función de la tarea requerida y, a veces, se observan diferencias no significativas o bien significativa, pero de tamaño de efecto pequeño.

El control inhibitorio es la habilidad de controlar y autorregular la atención y los impulsos propios. En pacientes forenses, los problemas de la capacidad de inhibición son el predictor más fuerte del comportamiento agresivo. Asimismo, la desinhibición está muy relacionada con la impulsividad y muchas veces se solapan. La impulsividad tiene alta relevancia en este contexto, siendo una característica repetidamente asociada a las conductas de agresión.

Los sujetos que maltratan a sus parejas exhiben mucha más desinhibición que sujetos que no cometen este tipo de conductas. La desinhibición se encuentra asociada a niveles más altos de agresión tanto mutuamente en pareja, como de maltrato de marido a mujer y de maltrato de marido a mujer con violencia grave.

Los sujetos maltratadores dan respuestas más rápidas en tareas de Stroop emocional con palabras agresivas. Aquellos que también tienen un historial de otras conductas violentas muestran un tiempo de reacción aún mayor.

Ello sugiere dificultades para inhibir los estímulos emocionales distractores. Estas dificultades llevan a déficits de resolución de problemas en situaciones cargadas emocionalmente (como los conflictos) y, consecuentemente, se desarrollan respuestas agresivas. Los estudios que no encuentran diferencias significativas destacan por tener muestras de estudio muy pequeñas, lo que no permite sacar conclusiones fiables.

La fluidez es la habilidad de producir información verbal o no verbal durante un periodo de tiempo determinado sin repetir las respuestas.  Muy pocos estudios analizan la fluidez verbal en relación a las conductas violentas. En general, los resultados indican que no hay diferencias significativas en la fluidez verbal entre sujetos molturadores y no maltratadores.

Por último, la toma de decisiones es la habilidad cognitiva de hacer una elección lógica de varias opciones. Los déficits en toma de decisiones han mostrado asociaciones con el comportamiento violento numerosas veces. Además, los comportamientos de riesgo y de agresiones impulsivas parecen compartir déficits en la zona orbitofrontal del cerebro, con un papel clave en la toma de decisiones.

En algunos estudios se han observado importantes déficits en la toma de decisiones de sujetos que cometen violencia de pareja. Dedican menos tiempo al proceso deliberativo, muestran una peor calidad de decisión, se arriesgan más y presentan mayor aversión a posponer las conductas. En cualquier caso, hay resultados mixtos. Por ejemplo, algunos estudios sugieren un mejor rendimiento de estos sujetos comparado con los que cometen otro tipo de conductas violentas. Otros sugieren que no hay déficit alguno en la toma de decisiones.

Cada vez más estudios consideran los daños cerebrales traumáticos y el abuso de sustancias como factores que influyen en el funcionamiento neuropsicológico. Estos factores también afectarían a las funciones ejecutivas y estarían relacionados con las conductas de violencia de pareja.

Tanto los comportamientos de agresión como de consumo de drogas se han asociado a dificultades para considerar a priori las consecuencias de una conducta, así como dificultades para la inhibición conductual. El uso de drogas como, por ejemplo, el alcohol, puede incrementar la gravedad de las agresiones. El alcohol y otras drogas limitan la capacidad de autorregulación del comportamiento y de procesamiento de las señales sociales. Por ello, sería similar a lo mencionado en los déficits de memoria de trabajo.

En cuanto al daño cerebral de origen traumático, destacar que muchos sujetos con conductas violentas también tienen historial de alguna lesión en la cabeza (p. ej. golpes por accidente). La prevalencia de este tipo de daño cerebral es alta en la población de sujetos maltratadores y posiblemente mayor que en la población general.

En conclusión, puede haber múltiples fuentes de déficit en las funciones ejecutivas. Estos déficits no se pueden pasar por alto en las conductas violentas porque, generalmente, hay evidencias de su importancia. Ello no implica justificar las conductas violentas por causas biológicas, ni descartar el papel de otro tipo de factores como contextuales, socio-económicos, culturales u otros. Mejor conocimiento sobre qué impacta, influye o provoca las conductas violentas, mayores posibilidades de desarrollo de estrategias eficaces de prevención y tratamiento.

 

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