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Categoría: Criminologia social (Página 1 de 4)

Secuencias conductuales para detectar el fraude. Club de Ciencias Forenses

Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Fraud detection via behavioral sequence embedding” de Liu, G.; Guo, J.; Zuo, Y.; Wu, J. y Guo, R. (2020), en el cual se analizan los patrones conductuales secuenciales que permiten detectar el fraude.

El fraude se puede considerar como un tipo de comportamiento anómalo con beneficios ilegales. Para ocultar estos propósitos ilegales, los estafadores pueden pretender actuar como usuarios normales. Por tanto, la detección de conductas fraudulentas sigue siendo una tarea desafiante.

Sin embargo, algunos comportamientos fraudulentos se manifiestan en períodos de tiempo consecutivos, ya que la mayoría de los estafadores no tendrían éxito a través de un único contacto con la víctima potencial. En otras palabras, cuando los comportamientos consecutivos se ordenan en una secuencia conductual, podrían observarse patrones de conducta potencialmente más anómalos indicativos de fraude, estafa…

A excepción de los atributos independientes para describir un comportamiento en las secuencias, la estructura de interacción formada en estas secuencias ¾es decir, con quién interactúan los usuarios, etc¾ también puede ayudar a sondear la normalidad de sus comportamientos. De hecho, el comportamiento fraudulento generalmente involucra a dos partes. A saber, las fuentes y los objetivos. Las que lanzan los comportamientos fraudulentos serían fuentes y las víctimas potenciales de estos actos fraudulentos los objetivos.

Las interacciones entre las fuentes que realizan el fraude y los objetivos afectados pueden formar una red dinámica bipartita. Así, los patrones de interacción pueden manifestarse naturalmente en la estructura de la red. En realidad, varios estafadores pueden formar un grupo para llevar a cabo fraudes simultáneamente, atacando consecutivamente a un grupo focal de usuarios en un corto período de tiempo.

En escenarios de fraude, un grupo de estafadores puede desempeñar diferentes roles y trabajar juntos. Por lo tanto, se considera que la estructura de interacción juega un papel importante en la distinción entre comportamientos fraudulentos y normales y que, de hecho, se origina en las secuencias de comportamiento.

Para abordar estos desafíos en la detección de fraudes, los autores propusieron modelar las secuencias de comportamiento en lugar de detectar el fraude a partir de momentos instantáneos, concretos o aislados de comportamiento. Así, los autores realizaron un análisis exploratorio en un conjunto de datos de telecomunicaciones real, con el fin de descubrir los patrones de comportamiento de los estafadores en comparación con los de los usuarios normales.

El modelo propuesto por los autores fue una nueva red neuronal recurrente. Esta se denominó modelo de memoria histórica de largo y corto plazo, basado en la atención histórica y mejorada por la red neuronal (NHA-LSTM en inglés). Su objetivo es conocer las representaciones secuenciales de conducta para la detección de fraudes.

De acuerdo con el análisis, se apreció que los estafadores pueden diferir de los usuarios normales en términos tanto deregularidad secuencial como de modo de interacción. Consecuentemente, los autores propusieron codificar comportamientos secuenciales combinando las secuencias conductuales atribuidas con la estructura de interaccióndinámica. Posteriormente, es posible emplear las representaciones conductuales aprendidas para la predicción y clasificación de secuencias, con el fin de detectar los comportamientos fraudulentos.

Específicamente, cada individuo tiene una secuencia conductual atribuida; por ello, era interesante introducir la secuencia en memoria a corto plazo. Teniendo en cuenta la influencia de los diferentes intervalos de tiempo en la distinción de patrones de comportamiento, podemos aumentar la unidad recurrente básica con los intervalos.

Además, el desarrollo de un módulo de atención autohistórica permitiría detectar ocurrencias repetidas en las interacciones para capturar patrones temporales de rutina particulares. Así, aquellos que divergen de los patrones de rutina tienen el potencial de ser identificados como fraudes, o defraudadores. Estas nociones producen, finalmente, el modelo NHA-LSTM.

De acuerdo con el objetivo de la detección de fraudes a partir de secuencias conductuales, el modelo propuesto por los autores se centra en dos tareas. Esto es, predecir el siguiente objetivo del fraude, realizado a través de la llamada en el contexto de telecomunicaciones propuesto, y clasificar las secuencias conductuales en base a determinadas etiquetas.

Así, los autores implementaron los experimentos basados ​​en ambos enfoques. Con respecto a los métodos de referencia, los autores compararon su método con varios métodos de aprendizaje de secuencias, incluida la memoria a corto plazo y sus variantes.

Los resultados mostraron lo siguiente. El modelo basado en la predicción de los objetivos de la llamada se aplicó en el conjunto de prueba para obtener la “pérdida promedio”. Esta es: los errores promedio en la predicción de los objetivos de llamada de cada individuo. Se considera que las personas que llaman con grandes errores de predicción se desvían de los patrones secuenciales regulares. Por tanto, es más probable que se identifiquen como usuarios fraudulentos.

Entre los otros métodos de referencia, la memoria a corto plazo en fases funciona mejor que otros, lo que garantiza que la información de periodicidad temporal sea realmente útil para modelar los patrones conductuales. Esto también sugiere que es necesario y efectivo integrar la dinámica del comportamiento y el modelado del contexto, lo que mejora el desempeño del modelo NHA-LSTM. Sin embargo, sin un diseño específico para dependencias a largo plazo, dicho modelo funciona peor que el tradicional de memoria a largo plazo.

Así, los usuarios normales se diferencian enormemente de los estafadores en términos de patrones de comportamiento, lo que motiva a diseñar el módulo de atención en el modelo. Para diferentes usuarios, las características cíclicas específicas de los comportamientos también son variadas. No obstante, no se detectó ninguna regularidad interpretable destacada por parte de los defraudadores, lo que ilustra que el comportamiento del defraudador tiene cierta aleatoriedad. En consecuencia, encontramos dificultades para construir características de similitud o periodicidad al considerar los comportamientos históricos.

Dados los módulos de atención autohistórica e interactivo, basado en la atención y la memoria a largo y corto plazo, el modelo logra un mejor rendimiento en la predicción de objetivos y la clasificación de estafadores. Esto contribuye a la detección de fraudes basada en las secuencias observadas.

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Confinamiento, ¿cómo ha afectado a la criminalidad? Club de Ciencias Forenses

Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Has COVID-19 Changed Crime? Crime Rates in the United States during the Pandemic” de Boman IV, J. H. y Gallupe, O. (2020), en el que se investiga la influencia de la influencia de la pandemia en la criminalidad de EE.UU.

¿Ha cambiado el crimen en los EE.UU como consecuencia de los confinamientos en casa por el COVID-19? Si es así, ¿ha disminuido o aumentado?

Casi todos los noticieros importantes que informaron sobre este tema desde que comenzaron los confinamientos han encontrado un fenómeno similar. Esto es, el crimen ha disminuido en EE.UU. La métrica más común de estos informes son las llamadas de servicio a la policía (al 911). Sin embargo, en dichas noticias, la medida en que la delincuencia ha disminuido desde el inicio de los confinamientos varía drásticamente.

Si bien casi toda la evidencia anecdótica apunta a que el crimen está disminuyendo, es importante darse cuenta de que todavía hay muchas incógnitas acerca de en qué medida el crimen ha disminuido en EE.UU. Tres factores complican esto más. Primero, para determinar definitivamente que la delincuencia ha disminuido en todo el país, se necesitan datos nacionales. O al menos datos representativos a nivel nacional.

En segundo lugar, las llamadas de servicio son una de muchas métricas para determinar si la delincuencia ha disminuido. En tercer lugar, la mayoría de los medios se centran en las grandes ciudades. Así, se necesitan análisis en ciudades pequeñas y medianas y áreas rurales para determinar si dicha disminución está sucediendo en todas las áreas de EE.UU.

A pesar de las evidencias de disminución del crimen, hay un estudio científico de Ashby que se publicó recientemente. Se enfoca en cómo el crimen pudo haber cambiado durante el COVID-19. Los hallazgos no mostraron un patrón consistente en cuanto a si el crimen había disminuido, aumentado o permanecido igual durante la pandemia. De hecho, su hallazgo más común fue que no hubo cambios en las tasas de criminalidad antes y después del COVID-19. Cuando hubo cambios, fueron aleatorios y parecían muy dependientes de qué ciudad o condado en particular se estaba analizando. Casi todas las pruebas de las llamadas de servicio en todo el país demuestran que la delincuencia ha disminuido. Sin embargo, Ashby descubrió que los delitos graves no han cambiado demasiado, dependiendo también en gran medida de la ubicación. ¿Cuál es la razón de esta diferencia?

La explicación más probable radica en los tipos de delitos investigados: la mayoría son delitos graves y delitos índice; por ello estaban en datos policiales disponibles públicamente. La naturaleza grave de estos delitos puede hacer que se comporten de manera diferente a los delitos menores más comunes o “cotidiano”.

Esto llama la atención sobre la distinción de Warr entre lo que él llama delitos grupales y no grupales. Los delitos grupales son en su mayoría delitos menores que se cometen en grupos que generalmente consisten en delincuentes más jóvenes. El propósito de estos delitos es aliviar el aburrimiento y ganar status y capital social. Por ejemplo: el vandalismo, allanamiento de morada y uso de sustancias.

Por otro lado, los delitos no grupales tienden a ser cometidos por individuos que actúan solos como los robos o agresiones graves o el homicidio. Así, los delitos estudiados por Ashby fueron casi todos delitos no grupales y graves que, generalmente, se cometen en solitario, no en presencia de otros, en redes o en grupos de pares.

Durante la pandemia, las dinámicas sociales entre amigos, conocidos, etc, claramente se ha visto alterada debido a los confinamientos y requisitos de distanciamiento social. Estas alteraciones de los patrones sociales son la fuerza impulsora detrás de la reducción de la delincuencia durante el curso de la pandemia. Sin acceso a grupos de pares, se elimina el contexto en el que ocurre gran parte del comportamiento delictivo.

Ahora, si bien estos requisitos han tenido un impacto claro en la delincuencia grupal, es poco probable que tengan relación con los actos delictivos que generalmente ocurren en situaciones en las que los grupos de pares no están presentes. En otras palabras, es poco probable que los confinamientos afecten a los delitos no grupales. En este caso, tendría sentido que delitos graves como el homicidio y la violencia de género no cambiaran durante un confinamiento. Especialmente al tratarse de un clima cargado de estrés mental y ansiedad.

Si esto fuera cierto, esperaríamos ver una estabilidad relativa en las cifras de homicidios de 2020 en comparación con 2019. Usando datos de dos ciudades que recientemente han sido puntos calientes de homicidios, Chicago y Filadelfia, no parece haber cambios notables en los homicidios en comparación con 2019. En consecuencia, los datos sugieren que los confinamientos no parecen haber tenido ningún efecto en los homicidios de Chicago. De hecho, pueden haber contribuido a un aumento del 15% en los homicidios en Filadelfia en 2020 en comparación con 2019. Así pues, también hay evidencia anecdótica de que la violencia de género puede haber empeorado como resultado de los confinamientos por la pandemia.

Los encierros han obligado a quienes cohabitan a permanecer en estrecha proximidad entre sí. Por tanto, han aumentado las oportunidades para cometer violencia doméstica y de género. Además, existen abundantes oportunidades de acceso a las víctimas y opciones limitadas para estas. Esto se debe a que la posibilidad de fuga y la probabilidad de intervención de las agencias de servicios sociales, muchas de las cuales están cerradas, ya no es una opción viable.

En resumen, los delitos menores, muchos de los cuales ocurren en grupos de pares, son bastante comunes en los EE.UU. Los comportamientos individualistas como la violencia de género y el homicidio son más infrecuentes, pero son mucho más perjudiciales para la sociedad. En consecuencia, las reducciones de los delitos menores terminarán haciendo que la tasa general de delitos disminuya también, incluso a pesar de los aumentos de delitos más graves.

Si bien la delincuencia en general ha disminuido, la razón por la que ha disminuido es probable que se deba a una disminución en los delitos menores, cometidos en gran parte por personas en grupos de pares. Al decretar confinamientos a raíz de la pandemia del COVID-19, los grupos de pares desviados –gente relativamente joven que cometen delitos menores por el capital social– fueron efectivamente eliminados durante la duración de los confinamientos.

Si la delincuencia en el lugar y el espacio disminuye, generalmente se considera algo bueno. Sin embargo, dada la posibilidad de que los confinamientos puedan haber hecho que los infractores menores tengan nuevas oportunidades de cometer delitos graves, es recomendable tener precaución contra una interpretación generalizada de que la caída del crimen durante el COVID-19 ha sido beneficiosa para sociedad.

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Delitos de odio: ¿es posible predecirlos por las redes sociales? Club de Ciencias Forenses

Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Hate in the machine: anti-black and anti-muslim social media posts as predictors of offline racially and religiously aggravated crime” de Williams, M. L.; Burnap, P.; Javed, A.; Liu, H. y Ozalp, S. (2019), en el que se analiza si existe una relación entre la perpetración de delitos de odio offline y los delitos de odio online.

En los últimos años, los delitos de odio referente a la raza y religión han aumentado exponencialmente en diversos países.

Actualmente sigue existiendo una necesidad, política y práctica, de mejorar la inteligencia sobre los delitos de odio. Particularmente, debe comprenderse mejor el papel que desempeñan las tensiones y acontecimientos comunitarios en la perpetración de tales delitos.

La tecnología se ha considerado como parte de la solución al transformar las prácticas policiales analógicas en procesos digitales complementarios. Junto con los delitos de odio offline, el discurso de odio online publicado en las redes sociales se ha convertido en un problema social pernicioso.

Investigaciones anteriores muestran que los delitos de odio offline y el discurso de odio online están estrechamente relacionados con eventos de importancia. Por ejemplo, ataques terroristas y votaciones políticas. Sin embargo, no está claro si se puede encontrar un patrón más general de correlación independientemente de los eventos “desencadenantes”.

En una muestra de los años 2017 y 2018, los delitos de odio racial online constituyen la mayoría de todos los delitos de odio online (52%), seguidos de la orientación sexual (20%), la discapacidad (13%), la religión (12%) y los delitos de odio online transgénero (4%). A finales de 2017, las redes sociales comenzaron a introducir políticas contra la incitación al odio, cediendo ante presiones diversas.

En base a esta información, los autores plantean su hipótesis. Esta es: ¿el discurso de odio online en Twitter puede mejorar las estimaciones de los delitos de odio offline?

Dicha cuestión plantea la posibilidad de utilizar las redes sociales como alternativa o complemento a indicadores convencionales. Además, deben tenerse en cuenta los factores demográficos ecológicos. Por ejemplo, la proporción de la población que es negra o que pertenece a una minoría étnica. Esto es debido a que dichos factores también se han asociado con los delitos de odio.

Así, en la investigación de los autores se tuvo en cuenta información procedente de Reino Unido. Se vincularon datos de fuentes administrativas, de encuestas y de redes sociales para construir los modelos estadísticos. Estos se recopilaron antes de que las grandes plataformas de redes sociales introdujeran políticas estrictas sobre/contra la incitación al odio.

Los datos policiales se recopilaron de un periodo de 8 meses entre agosto de 2013 y 2014. Los datos policiales sobre delitos se filtraron para incluir solo los delitos de odio racial y religioso, estos últimos contra el Islam o los musulmanes.

Así las cosas, los resultados indican lo siguiente. Existe una asociación positiva consistente entre el discurso de odio en Twitter dirigido a la raza y la religión y los delitos agravados por motivos raciales y religiosos en Londres. Así, la investigación confirmó también la relación entre la presencia (o ausencia) de eventos que actuaban como desencadenantes tanto para los delitos de odio online como offline y la perpetración de los mismos.

Los modelos permitieron proporcionar predicciones de la tasa de incidencia de delitos offline por proporción de la población negra o de minoría étnica y el recuento de tweets de odio online. Esto es digno de mención, dado que indica que el papel de las redes sociales en el proceso de victimización por odio no es trivial.

El discurso de odio publicado en las redes sociales (como indicador de polarización extrema) influye en la frecuencia de los delitos de odio offline. Sin embargo, es poco probable que el discurso de odio online sea una causa directa de los delitos de odio offline aisladamente. Contrariamente, es más probable que las redes sociales sean solo una parte de la causa. Los factores locales, como la composición demográfica de los vecindarios (por ejemplo, la proporción de población negra y de minorías étnicas, el desempleo…) y otros factores ecológicos probablemente desempeñen un papel clave.

Lo que el estudio señala es la importancia relativa del discurso de odio online en este contexto. Si vamos a explicar el crimen de odio como un proceso, y no como un acto discreto, con victimización que va desde el discurso de odio hasta la violencia, las redes sociales deben formar parte de ese entendimiento.

La victimización por odio se caracteriza por insultos, amenazas o violencia repetidos o continuos. Una de sus cualidades es que es duradera, y ahora se extiende al ámbito online y puede vincularse a su manifestación offline. El discurso de odio en las redes sociales amplía los “climas de inseguridad” que experimentan los grupos minoritarios que trascienden las instancias individuales de victimización.

Examinar la dinámica contemporánea de victimización por odio requiere métodos capaces de capturar variaciones en los datos online y offline. Esto también incluye variaciones tanto en el tiempo como en el espacio. El aumento de las fuentes de datos sobre el odio también es importante, debido a las bajas tasas de denuncia continuas. Así, la administración (registros policiales), la encuesta (censo) y las nuevas formas de datos (Twitter) se pueden vincular para estudiar el odio en la era digital.

Sin embargo, los mecanismos individuales responsables del vínculo entre los incidentes de odio online y offline deben establecerse mediante más trabajo forense y, posiblemente, cualitativo.

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Cultura de la violación en las redes sociales: Twitter. Club de Ciencias Forenses

 Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Tweeting rape culture: Examining portrayals of victim blaming in discussions of sexual assault cases on Twitter” de Stubbs-Richardson, M.; Rader, N. E. y Cosby, A. G. (2018), en el que se examina cómo es interpretada la cultura de la violación en las redes sociales, concretamente en Twitter.

Bien, por cultura de la violación debemos entender aquellos comportamientos o ideologías que normalizan la violencia sexual. De hecho, a través de esta cultura se construye socialmente lo que entendemos por violación y cómo son —supuestamente— las víctimas.

Los mitos como “ella quería” o “mintió, eso no es violación” forman parte de esta cultura y pueden ser reflejados en los medios, las leyes, etc., en el consenso de la comunidad y a nivel individual. Estos mitos contribuyen a justificar la agresión, excusar al agresor y culpabilizar a la víctima, sobretodo cuando se cosifica sexualmente a esta como, por ejemplo, una trabajadora sexual.

Dicha cultura, junto a la culpabilización de la víctima y avergonzar a las mujeres por su actividad sexual (presunta o real), son cuestiones representadas en las redes sociales mediante la discusión de casos de delitos sexuales. Estadísticamente, en EE.UU se viola a 1 de cada 5 mujeres, y muchas no denuncian por la vergüenza, su culpabilización y el miedo a que las autoridades no las crean. De hecho, un estudio determinó que el 43% de los abogados de la acusación en estos casos mostraba entre una moderada y alta aceptación de la cultura de la violación.

Así pues, la existencia de una cultura de violación hace que sea menos probable que se denuncie la violación y también es una forma de victimización que estigmatiza y culpa a las víctimas de violación por su victimización. A grandes rasgos, las investigaciones sugieren que las redes sociales se utilizan tanto para victimizar a las supervivientes de violación como para abogar contra una cultura de violación.

El bullying y el acoso sexual de las víctimas de violación es una forma de victimización secundaria que tiene muchas consecuencias para la salud y que, en última instancia, puede llevar al suicidio de la víctima.

En el estudio realizado por los autores, estos analizaron en la red social Twitter un total de 603 tweets referentes a tres casos de violación (259 tweets de apoyo a las víctimas y 344 culpabilizándolas), usando los términos “violación y puta” para seleccionar ambos tipos de tweets.

Los tres casos discutidos incluyen víctimas jóvenes femeninas cuya victimización por violación salió a la luz a través de las redes sociales. En los tres casos, se culpó a las víctimas por su violación (encontrarse intoxicadas, tener comportamientos promiscuos…) y, posteriormente, se las hostigó tanto online como fuera del ciberespacio. Los tweets se dividieron en tres categorías.

Por un lado, el binario “virgen-puta” y el mundo justo; esta última hipótesis sostiene que a las malas personas les ocurren cosas malas y viceversa. Consecuentemente, la violación se considera un acto desviado que le ocurre a mujeres con comportamientos o formas de vestir inapropiadas. Así pues, algunas personas llegan incluso a considerar que las prostitutas (no sólo en el sentido literal de la palabra) no pueden ser violadas.

Esto es, este tipo de tweets sostienen que algunas víctimas de violación se merecen lo que les pasó. En este sentido, las “putas” se perciben como las víctimas más merecedoras de violación (degradándolas como objetos sexuales), mientras que las vírgenes se salvan. Este binario, pues, justifica la violación, culpabiliza a la víctima y exculpa o justifica al agresor.

Por otro lado, los tweets sobre noticias, copiando la información sobre los hechos, pueden servir tanto como apoyo a la víctima como para legitimar o excusar la violación. Los usuarios de Twitter parecen querer crear sus propias noticias, incluso para temas emocionales como el suicidio de las víctimas de violación.

Este tipo de subtweets a menudo agregan un comentario cargado de emociones que deja entrever su opinión, que suele ser de tristeza o enfado. Cuando se presentan hechos para resaltar la experiencia de la víctima, parece que los efectos negativos de la cultura de la violación se notan y se oponen con mayor facilidad.

Por último, se encuentran los tweets encaminados a desprestigiar los mitos de la violación. En ellos es en los que más apoyo a las víctimas se suele mostrar argumentando que la violación no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Los tweets de apoyo a las víctimas sostienen que la violación no debe justificarse como un resultado aceptable por motivos de vestimenta, comportamiento, alcohol o drogas, o encuentros sexuales previos.

Así pues, utilizando los términos “violación y puta”, se identificaron numerosos ejemplos de contenido tanto de culpa como apoyo a las víctimas. Los resultados del estudio revelan que, en general, los tweets que culpan a las víctimas son más influyentes tanto en el número de seguidores como de retweets. No obstante, es posible que los términos de búsqueda resulten en una subsección más pequeña y extrema de las discusiones sobre la cultura de la violación y, por tanto, se recogieran en el estudio más tweets legitimando la violación.

En cualquier caso, estos hallazgos resaltan la importancia de examinar el diálogo o interacciones entre grupos en las redes sociales. Las redes sociales ofrecen la oportunidad de evaluar ejemplos del mundo real de culpar a las víctimas que, de otro modo, serían difíciles de obtener.

La investigación futura debería examinar qué discusiones surgen cuando se emplean términos de búsqueda más generales como violación y agresión sexual en las redes sociales. Incluso podría ampliarse a cuando estos estén relacionados con el comportamiento sexual.

Por otro lado, podrían evaluarse los tipos de apoyo a las víctimas o los esfuerzos de intervención que reducen la aceptación de los mitos sobre la violación y la violencia hacia las mujeres, que evalúan los efectos sobre la salud mental y que apuntan a mejorar las intervenciones de los espectadores en línea.

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Delincuentes violentos: ¿castigar o rehabilitar? Club de Ciencias Forenses

Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Should all violent offenders be treated equally? Perceptions of punishment and rehabilitation for violent offenders with varying attributes” de Atkin-Plunk C. A. (2020), en el cual se examinan las preferencias diferenciales de sanción para los delincuentes violentos en función de sus atributos personales.

Criminales, agresores sexuales, ladrones, delincuentes juveniles… si pudieses elegir, ¿optarías por castigos, rehabilitación o ambas?

Hasta los años ’70, la ideología correccional estaba mayoritariamente basada en la rehabilitación de los individuos implicados en conductas delictivas. Con la aparición de diversas publicaciones que ponían en duda la eficacia de los programas de rehabilitación, el enfoque ha cambiado hacia acciones más punitivas. Por ello, la población correccional registró un aumento destacable.

En este proceso de cambio, la opinión publica también se tuvo en cuenta. Muchos investigadores del momento han analizado si la población se orienta hacia lo punitivo tanto como los legisladores. Las tendencias registradas mostraban que la población tiene una actitud altamente punitiva hacia la criminalidad. Acepta leyes duras de castigo, optan por la encarcelación, sentencias más largas y la pena de muerte.

En cualquier caso, la población sigue apoyando los programas de rehabilitación.  Esto lleva al concepto de justicia equilibrada. Aunque deseemos castigar duramente a los que incumplen la ley, también aprobamos la rehabilitación e incluso la reintegración. Generalmente, parece que se ha superado la visión de los años ’20 tipo enciérralos y tira la llave.

Se ha visto que incluso los individuos más conservadores, que atribuyen la culpa de los delitos a factores disposicionales (p. ej. personalidad), también reconocen que los factores situacionales pueden llevar a cometer delitos. Aunque haya una visión muy punitiva de los delitos (p. ej. como ocurre en el estado de Texas), muchas personas optan por sanciones de rehabilitación para los delincuentes no violentos.

Cuando se trata de conductas violentas, hay una tendencia de preferencia para los castigos severos. Muchas personas consideran que en la rehabilitación no funciona para los delincuentes violentos. Por ello, si tenemos que elegir una intervención para un traficante de drogas, es más probable que optemos por la rehabilitación. En cambio, si el delincuente es un violador, esa opción no nos parece viable.

Hasta aquí, queda claro que la gravedad del delito nos influye a la hora de elegir sanciones. Dónde hay violencia, queremos más castigo. Lo que queda menos claro es qué condiciones o atributos de los delincuentes violentos influyen en las preferencias de sanción.

Es decir, aparte de diferentes tipologías de delitos, ¿nos influye saber que el delincuente sufre de drogodependencias u trastornos mentales, que ha vivido bajo patrones de abuso o que ha prestado servicio militar? El estudio citado pretende indagar en ello.

La elección de tales atributos se basa en evidencias de que solemos juzgar una conducta como moralmente incorrecta en función del estado mental del delincuente. En cambio, cuando elegimos una sanción, tenemos en cuenta el daño causado por tales conductas.

Una asignación de sanciones más duras se da cuando consideramos que el delincuente es moralmente responsable del daño causado. Por ello, es posible que ciertos atributos reduzcan o aumenten la percepción sobre la responsabilidad moral del delincuente y, consecuentemente, asignar sanciones más o menos duras.

En el estudio participaron 575 estudiantes universitarios de criminología. Estos contestaron a varias preguntas completando un cuestionario. Para cada pregunta hay 4 versiones en las que se plantea un atributo diferente: drogodependencia, trastornos mentales, veteranos e individuos que han sufrido de violencia doméstica.

También se registran diferentes variables demográficas, así como el riesgo percibido de ser víctima, importancia que se da a la religión y actitudes racistas. Todas ellas se han seleccionado en base a evidencias previas de relación con actitudes de castigo de los delincuentes.

¿Cuál debería ser la meta de las sentencias para delincuentes violentos: castigar o rehabilitar?

Tal como se esperaba, los participantes no ven a todos los delincuentes violentos de la misma manera. Por ejemplo, creen que la rehabilitación debería ser la primera elección cuando se trata de delincuentes que sufren de trastornos mentales (38,9%). Por otro lado, creen que los que menos deberían recibir este tratamiento como primera elección son aquellos delincuentes que han sufrido de violencia doméstica (12,1%).

Para una justicia equilibrada optan aproximadamente la mitad de los sujetos, tanto para delincuentes que sufren de drogodependencias (45,7%), como para aquellos que sufren de trastornos mentales (47,8%) o son militares veteranos (45,4%). Para los delincuentes que han sufrido de violencia doméstica se registran mayores preferencias para sanciones típicas como el encarcelamiento (62%).

¿Se merecen estos delincuentes violentos tener acceso a programas de rehabilitación? ¿Es posible rehabilitarlo y son estos programas eficaces? ¿Cooperan los delincuentes con los profesionales de rehabilitación en ese proceso?

Las respuestas a estas preguntas conforman creencias sobre los programas de rehabilitación. Lo que se pretende es observar si estas creencias son diferentes en función de las características de cada participante (p. ej. sexo, raza) del estudio.  Por ejemplo, ¿son la raza o la ideología política características que marcan la diferencia en estas creencias sobre rehabilitación?

En todos los casos de delincuentes violentos con los diferentes atributos planteados se observa que, cuando los participantes creen que estos merecen tener acceso a la rehabilitación y/o que esta es eficaz, hay mucha más probabilidad de optar por un sistema de justicia equilibrada. También hay mayor tendencia en estos casos a mostrar preferencias hacia la rehabilitación por encima del castigo.

En el caso de los delincuentes violentos con trastornos mentales o con drogodependencias, la variable demográfica con mayor impacto es la ideología política. Específicamente, si los participantes se identifican con una ideología conservadora, las preferencias de castigo son mayoritarias y mucho más que en los sujetos liberales. Cuando se trata de delincuentes violentos militares veteranos, quienes se identifican con una ideología política moderada apoyan más el castigo y menos la rehabilitación que los liberales.

Otra variable demográfica con un papel destacable es el año de estudio en el que se encuentran los participantes. La preferencia por la justicia equilibrada se da más en sujetos que se encuentran en el último año de carrera cuando se trata de delincuentes violentos con drogodependencias.

La nota media del curso parece mostrar una asociación con las preferencias de castigo/rehabilitación para los delincuentes violentos que han vivido en un entorno de violencia doméstica. Específicamente, a mayor nota media, mayor probabilidad de optar por un sistema de justicia equilibrada. Para este tipo de delincuentes, también influyen en las preferencias de castigo/rehabilitación la raza y el género de los participantes. Parece que los hombres blancos son los que más optan por la rehabilitación y no por el castigo.

En resumen, las creencias de que la rehabilitación funciona, que los delincuentes violentos se merecen acceso a ello e incluso que estos vayan a colaborar en su proceso de tratamiento (para los veteranos) están detrás de las preferencias por una justicia equilibrada y para la rehabilitación como primera elección por encima del castigo.

Ello ocurre en todos los casos, pero con matices. Los porcentajes de probabilidad de optar por una preferencia de justicia equilibrada debido a las creencias antes mencionadas son mayores cando se trata de delincuentes violentos con trastornos mentales y menores para los que han vivido en entornos de violencia doméstica. La ideología política y el nivel de formación influyen en algunos casos, por lo que los atributos de los delincuentes violentos sí impactan en las preferencias de sanción.

Todo ello implica que la opinión pública no es tan punitiva como se ha pensaba. Las creencias sobre la eficacia de la rehabilitación y la posibilidad de que estos delincuentes mejoren a través de ello generan unas preferencias diferentes que cuando no se cree en el tratamiento. Asimismo, la responsabilidad moral que se atribuye a un delincuente varía según ciertos atributos. Es decir, la población percibe de manera diferente la causa de la conducta violenta.

Pero ¿qué pasa cuando se trata de personas no delincuentes? ¿También evaluaríamos la responsabilidad de manera diferente cuando, por ejemplo, sufren de drogodependencias o de trastornos mentales? Os invitamos a la reflexión.

 

 

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Déficits en las funciones ejecutivas como posibles predictores de la violencia de pareja. Club de Ciencias Forenses

Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “A systematic review of executive cognitive function intimate partner violent offenders” de Humenik A. M., Grounds Z., K., Mayer H. M. y Dolan S. L. (2020), en el cual se analizan múltiples evidencias relativas a la relación entre las disfunciones cognitivas de las funciones ejecutiva y el comportamiento violento en la pareja.

La violencia de pareja (VP) es un problema de salud pública que afecta a millones de mujeres y hombres, niñas y niños en todo el mundo. Está conectada con múltiples consecuencias negativas: problemas de salud física y psicológica, aumento de costes, victimización y morbilidad.

Este concepto -violencia de pareja- abarca comportamientos desadaptativos como la violencia física, psicológica y sexual, el acoso y el control del comportamiento del otro. Para explicar las causas de la VP se han desarrollado diversas teorías que atienden a factores socio-culturales, contextuales, de personalidad, entre otros. Aunque hayan recibido cierto apoyo empírico, fallan en explicar las probables contribuciones de algunas variables biológicas.

En este sentido, existen evidencias de la relación entre las disfunciones neuropsicológicas y la agresión. Más específicamente, se habla de disfunciones de las funciones cognitivas ejecutivas (FEs) que facilitan las conductas de agresión.

En cualquier caso, la VP y la agresión en general son dos constructos que difieren en cuanto a rasgos de personalidad implicados, comportamientos antisociales y presencia de psicopatologías. Ello implica que, si las disfunciones de las FEs están asociadas a la agresión, no necesariamente serán de gran importancia en la violencia de pareja. La VP es un proceso complejo, que va más allá de las conductas de agresión per se.

Por ello, se necesita evaluar de manera específica las conexiones entre la violencia de pareja y las FEs. Los autores de este estudio recopilan los hallazgos en cuanto a estas conexiones, atendiendo a las funciones cognitivas de alto nivel o ejecutivas que ya han mostrado importancia en los comportamientos de agresión.

Estas FEs son: la memoria de trabajo (MT), la flexibilidad cognitiva, la inhibición (control inhibitorio), la fluencia y la toma de decisiones. Todas están mediadas por el proceso de atención y tienen un papel importante en el control y la regulación de procesos implicados en las intenciones, planificación y desarrollo de las conductas necesarias para conseguir una meta. En general, las disfunciones en el funcionamiento de las FEs están asociadas a dificultades académicas, profesionales e interpersonales.

Los estudios sobre agresión y FEs indican que los sujetos que presentan mayores niveles de impulsividad, desinhibición e inflexibilidad cognitiva también muestran conductas agresivas más violentas y con mayor frecuencia. También hay evidencias de que los déficits en las FEs de mayor gravedad están asociados a tipos específicos de comportamientos antisociales.

Los estudios sobre violencia de pareja y su relación con el funcionamiento de las FEs muestran resultados mixtos que vamos a describir a continuación. Estos hallazgos provienen de 22 estudios que incluyen mediciones de FEs y cuyas muestras de estudio se componen de sujetos mayores de edad y que hayan llevado a cabo conductas de violencia de pareja.

La flexibilidad cognitiva es la habilidad de pensar sobre algo de múltiples maneras e incluye el concepto de cambio mental (de creencias, punto de vista, etc.). En general, es una de las funciones más estudiadas en relación a la agresión.

De los estudios analizados, 20 muestran relaciones entre déficits en flexibilidad cognitiva y la violencia de pareja. La relación se explicaría por la puesta en práctica de estrategia inefectivas de resolución de problemas. Por ello, cada vez que el sujeto violento se encuentra con una situación de pareja que considera como un problema, aplica estrategia de resolución basadas en la agresividad y la violencia.

Aunque los grupos control varían de estudio a estudio, generalmente los maltratadores registran mayor cantidad de errores en las tareas de flexibilidad cognitiva y responden más lentamente. Comprados con grupos de sujetos no violentos, los sujetos maltratadores fallan más. En cambio, en otros estudios son los que más fallan en las tareas de flexibilidad cognitiva pero no más que los agresores sexuales.

La memoria de trabajo es la habilidad de almacenar y manipular información en la consciencia por un corto periodo de tiempo.  Es clave en la regulación del procesamiento de la información social, de la atención y de las conductas orientadas a metas.

Los déficits de la MT se han asociado con una interpretación errónea de las señales sociales. Esta interpretación errónea es un factor de riesgo para las agresiones, tanto en niños/as como en adultos. Más específicamente, los sujetos implicados en conductas violentas suelen mostrar un peor rendimiento en tareas de memoria de trabajo espacial que los sujetos no violentos.

En cuanto a los maltratadores, hay resultados mixtos debido a la diversidad de metodología y medidas que utilizan. Por ejemplo, en un estudio se comparan sujetos condenados por VP con dependencia de alcohol (VP+), sujetos no condenados por VP con la misma dependencia (VP-) y sujetos fumadores como grupo control. En la tarea de recuperación de dígitos contando hacia atrás, el grupo VP+ ha mostrado el peor rendimiento.

En otro estudio se ha comparado el rendimiento de sujetos maltratadores con y sin historial de otras conductas violentas y un grupo control sin condenas. En una tarea de span de memoria para dígitos, ambos grupos de sujetos maltratadores han mostrado peores resultados que el grupo control. Además, el grupo de maltratadores con historial de otras conductas violentas exhibió el peor rendimiento.

 Resultados como estos indican la presencia de patrones de déficits de la MT diferenciales entre aquellos que cometen VP y aquellos que cometen conductas violentas de manera más generalizada. Aun así, los resultados difieren en función de la tarea requerida y, a veces, se observan diferencias no significativas o bien significativa, pero de tamaño de efecto pequeño.

El control inhibitorio es la habilidad de controlar y autorregular la atención y los impulsos propios. En pacientes forenses, los problemas de la capacidad de inhibición son el predictor más fuerte del comportamiento agresivo. Asimismo, la desinhibición está muy relacionada con la impulsividad y muchas veces se solapan. La impulsividad tiene alta relevancia en este contexto, siendo una característica repetidamente asociada a las conductas de agresión.

Los sujetos que maltratan a sus parejas exhiben mucha más desinhibición que sujetos que no cometen este tipo de conductas. La desinhibición se encuentra asociada a niveles más altos de agresión tanto mutuamente en pareja, como de maltrato de marido a mujer y de maltrato de marido a mujer con violencia grave.

Los sujetos maltratadores dan respuestas más rápidas en tareas de Stroop emocional con palabras agresivas. Aquellos que también tienen un historial de otras conductas violentas muestran un tiempo de reacción aún mayor.

Ello sugiere dificultades para inhibir los estímulos emocionales distractores. Estas dificultades llevan a déficits de resolución de problemas en situaciones cargadas emocionalmente (como los conflictos) y, consecuentemente, se desarrollan respuestas agresivas. Los estudios que no encuentran diferencias significativas destacan por tener muestras de estudio muy pequeñas, lo que no permite sacar conclusiones fiables.

La fluidez es la habilidad de producir información verbal o no verbal durante un periodo de tiempo determinado sin repetir las respuestas.  Muy pocos estudios analizan la fluidez verbal en relación a las conductas violentas. En general, los resultados indican que no hay diferencias significativas en la fluidez verbal entre sujetos molturadores y no maltratadores.

Por último, la toma de decisiones es la habilidad cognitiva de hacer una elección lógica de varias opciones. Los déficits en toma de decisiones han mostrado asociaciones con el comportamiento violento numerosas veces. Además, los comportamientos de riesgo y de agresiones impulsivas parecen compartir déficits en la zona orbitofrontal del cerebro, con un papel clave en la toma de decisiones.

En algunos estudios se han observado importantes déficits en la toma de decisiones de sujetos que cometen violencia de pareja. Dedican menos tiempo al proceso deliberativo, muestran una peor calidad de decisión, se arriesgan más y presentan mayor aversión a posponer las conductas. En cualquier caso, hay resultados mixtos. Por ejemplo, algunos estudios sugieren un mejor rendimiento de estos sujetos comparado con los que cometen otro tipo de conductas violentas. Otros sugieren que no hay déficit alguno en la toma de decisiones.

Cada vez más estudios consideran los daños cerebrales traumáticos y el abuso de sustancias como factores que influyen en el funcionamiento neuropsicológico. Estos factores también afectarían a las funciones ejecutivas y estarían relacionados con las conductas de violencia de pareja.

Tanto los comportamientos de agresión como de consumo de drogas se han asociado a dificultades para considerar a priori las consecuencias de una conducta, así como dificultades para la inhibición conductual. El uso de drogas como, por ejemplo, el alcohol, puede incrementar la gravedad de las agresiones. El alcohol y otras drogas limitan la capacidad de autorregulación del comportamiento y de procesamiento de las señales sociales. Por ello, sería similar a lo mencionado en los déficits de memoria de trabajo.

En cuanto al daño cerebral de origen traumático, destacar que muchos sujetos con conductas violentas también tienen historial de alguna lesión en la cabeza (p. ej. golpes por accidente). La prevalencia de este tipo de daño cerebral es alta en la población de sujetos maltratadores y posiblemente mayor que en la población general.

En conclusión, puede haber múltiples fuentes de déficit en las funciones ejecutivas. Estos déficits no se pueden pasar por alto en las conductas violentas porque, generalmente, hay evidencias de su importancia. Ello no implica justificar las conductas violentas por causas biológicas, ni descartar el papel de otro tipo de factores como contextuales, socio-económicos, culturales u otros. Mejor conocimiento sobre qué impacta, influye o provoca las conductas violentas, mayores posibilidades de desarrollo de estrategias eficaces de prevención y tratamiento.

 

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El fraude empresarial: ¿cuestión de ética personal u organizacional?

Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Fraud and understanding the moral mind: need for impementation of organizational characteristics into behavioral ethics” de Houdek P. (2019), en el cual se analiza el porqué y el cómo de la ocurrencia del fraude a nivel empresarial desde el punto de vista del funcionamiento de la moral humana.

En el año 2015, nos contaban que Volkswagen había alterado los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de automóviles. Este escándalo dañó la reputación de esta organización tan admirada e innovadora. Unos hechos de tal magnitud no podían deberse a un puñado de ingenieros que querían engañar. Probablemente había toda una cadena de gestión y dirección que aprobó tal fraude.

Hay muchos ejemplos de fraudes empresariales. Lo más preocupante no solo es el fraude en sí y sus consecuencias, sino un comportamiento de las personas que los cometen aparentemente sin culpa y sin grandes esfuerzos para esconderlas. Por eso, no sería descabellado preguntarnos: ¿el fraude es la excepción o la regla?

La ética conductual es un área de estudio que puede arrojar luz sobre los procesos implicados en el razonamiento moral, las emociones relacionadas y el impacto de los factores situacionales en el comportamiento deshonesto.

Existen muchos estudios sobre las respuestas humanas ante dilemas morales. No obstante, se conoce muy poco sobre su ocurrencia en contextos organizacionales. Hay cuatro aspectos de la conducta no ética poco explorados que los autores de este estudio analizan y los describimos a continuación.

1.La deshonestidad y el engaño como características deseables en algunas profesiones y sectores. La habilidad de engañar puede ser un rasgo de valor para algunas profesiones. Ser capaz de convencer a otros a través de la mentira a veces se considera como una competencia y no como una razón para desconfiar.

Según diversas estimaciones, se descubre solo un cuarto de los fraudes financieros y el castigo raramente se corresponde a la magnitud del daño provocado. Si una empresa lleva a cabo actividades fraudulentas, fácilmente se genera una cultura empresarial basada en engañar a los clientes. Además, si una organización obtiene beneficios del fraude y el engaño, la motivación para prevenir tales conductas puede ser nula.

Lo que se nos dice es que ser deshonesto señala la baja integridad de las personas que muestran tales conductas y la violación de las normas se castiga. Esto es algo que todos sabemos de manera explícita o implícita. No obstante, no es algo universal. Estereotípicamente, el engaño es parte de algunas profesiones como las ligadas a la política, inversiones, espionaje, venta y artes escénicas.

De los pocos estudios relativos al engaño y la profesión hay uno muy interesante. En dicho estudio, los participantes observaban jugadores que tenían que elegir entre engañar a su contrincante o no. Los participantes que habían observado el desarrollo del juego, clasificaron posteriormente a cada jugador en un tipo de profesión u otra.

Los jugadores que habían engañado fueron preferidos mayoritariamente para ventas e inversiones bancarias. La mayoría de los jugadores honestos fueron clasificados en roles de contable y gestor y especialmente en sectores sin ánimo de lucro. Por tanto, el engaño había sido considerado como signo de habilidad o competencia para ciertas profesiones.

El comportamiento de fraude no siempre es algo buscado deliberadamente. A veces, las personas justifican tales conductas racionalizando y, así, disminuyendo las amenazas a la faceta moral de su autoconcepto. Por ejemplo, cuando la vuelta de una compra es errónea y beneficiosa para nosotras, algunas no decimos nada. Justificamos de diversas maneras: así aprende quien se haya equivocado, a nosotras también se nos ha engañado otras veces, nos dimos cuenta muy tarde, etc.

Por otro lado, engañar, mentir o hacer daño deliberadamente puede generar auténticas emociones positivas. Y estas no solo aparecen en personas con psicopatía/sociopatía. Por ejemplo, pensemos en la cantidad de conductas de bullying que se dan en la escuela. Asimismo, las conductas de engaño en relación a las cualidades o rendimiento de uno mismo también pueden elevar la autoconfianza. Y la alta autoconfianza puede llevar a que uno mismo se convierta objetivamente en una persona exitosa.

2.La deshonestidad puede ser un costo aceptable a cambio de otros rasgos deseados de un empleado. La racionalización de las conductas de fraude puede que sea uno de los mecanismos psicológicos esenciales que permiten la persistencia y/o ocurrencia de la deshonestidad. Si las personas pueden justificar porqué sus conductas no son problemáticas, tales conductas pueden propagarse.

Un estudio relacionó la habilidad de racionalizar con la creatividad. Ambas podrían partir de la misma fuente, es decir, la habilidad (mental) de romper las reglas, sean estas la toma de decisiones convencional o las normas sociales. En dicho estudió se observó que las personas más creativas estaban más dispuestas a engañar. Primar la creatividad también aumentaba esa disposición.

Parece que la relación entre creatividad y deshonestidad está mediada por la habilidad de racionalizar, es decir, de modificar creativamente las reglas. Por tanto, a nivel organizacional, sería fácil que donde se consiga un compromiso con la creatividad y la innovación, también se consiga un menor respeto para las normas sociales. Además, algunas empresas pueden priorizar la contratación/promoción de empleados creativos y pasar por alto actividades deshonestas (y reforzarlas).

Se ha observado que las personas que engañan en las entrevistas de trabajo no quedan necesariamente en desventaja. Por ejemplo, a candidatos que, cuando se les preguntaron por sus debilidades contestaron con frases más típica de fanfarroneo (p. ej. suelo trabajar demasiado), se les percibieron menos empáticos, de confianza u honestos, pero, a la vez, más inteligentes, flexibles o capaces.

3.La deshonestidad y el engaño pueden ser vistas incluso como actividades prosociales, por lo menos desde el punto de vista del que toma una decisión. Un ejemplo es cuando mentimos para proteger a otros e incluso para darles un beneficio, como ocurre con las mentiras piadosas. Alabamos el trabajo de un niño, aunque tenga poca calidad o alabamos la comida de una pareja, aunque no nos haya gustado.

Una mentira se considera como algo malo solo cuando es beneficiosa para el que la cuenta. Si la mentira sirve en beneficio de otros se ve como una virtud.  De manera similar, un empleado puede mentir con el fin de beneficiar a su empresa y aunque afecte a otra, esa conducta puede considerarse como virtud por parte de sus jefes y del equipo. Por tanto, las mentiras vistas como prosociales pueden fortalecer lazos intra-grupo e incluso aumentar el estatus del que miente.

No obstante, a largo plazo, las mentiras pueden volverse en contra del que las emite, disminuir su estatus moral y hacer daño a aquellos que en un principio haya defendido o protegido. Y aunque alguien que miente puede llegar a ser visto como empático, también puede ser visto como cobarde e incapaz de resolver los problemas, optando por la deshonestidad en lugar de afrontar. Además, las personas deshonestas nunca llegan a recibir un feedback realista sobre sus decisiones o rendimiento y, por tanto, no podrán mejorar o corregir fallos.

Otro dato relevante es que si alguien detecta que un compañero de trabajo es deshonesto o comete fraudes e informa de ello, ¿quién quedará afectado? Todos tenemos cierto miedo a ser acusados de chivatos y no es solo un miedo, la posibilidad de tales acusaciones es real. En un estudio se observó que el 82% de las personas que denunciaron fraudes intra-empresa acabaron despedidos, dimitieron por coacción o vieron modificadas drásticamente sus responsabilidades.

4.La implementación de sistemas éticos ineficientes es probable si muchas intervenciones situacionales recomendadas por la ética conductual no funcionan por las razones antes descritas. Que exista un código de conducta en la empresa no influye en las actitudes de los empleados. Muchas empresas que cometen fraudes tienen un código ético y, por desgracia, puede ser un simple adorno.

En un sistema ético efectivo los gestores, directivos o managers deben modelar y moldear el comportamiento deseado. También hay intervenciones conductuales simples con posibles efectos importantes. Una sería el nudging, empujar a la gente hacia la honestidad, por ejemplo, utilizando recordatorios morales. Además, se pueden practicar narrativas, escribir diferentes respuestas a diferentes problemas, juego de roles, etc.

Los empleados deben ver que las sanciones ocurren si se viola el código de conducta. En cualquier caso, las soluciones a los dilemas morales en una organización rara vez son simples y/o claras. El castigo de la deshonestidad puede llevar a su disminución (o evitación del castigo), pero afecta negativamente también a otros no implicados. Se pueden dar fácilmente situaciones de injusticia y el clima positivo puede verse afectado por un aumento de desconfianza.

Por último, las medidas situacionales actuales y predominantes a favor de la ética no son capaces de resolver dilemas organizacionales complejos. Se requieren estudios más realistas con respecto a la realidad organizacional, con dilemas diversos, ente otras cosas. Y se requiere reducir las discrepancias que hay en cuanto al beneficio versus costes de las conductas relativas a la ética.

 

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Métodos en el cyberprofiling y el papel del factor humano. Club de Ciencias Forenses

Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Profiling human roles in cybercrime” de Georgiev V. (2019), en el cual se analizan los métodos deductivo e inductivo y su utilidad en la perfilación cibercriminal, así como las características necesarias de un buen perfilador en el campo.

El mayor uso de tecnologías de la información a nivel de negocios, gobiernos y consumidores viene asociado a consecuencias inevitables. Por un lado, encontramos ventajas, como facilidad y rapidez de las operaciones, sean de la naturaleza que sean, e incluso ventajas competitivas para las empresas.

Por otro lado, encontramos amenazas a la seguridad, explotadas por un grupo de individuos cuyas acciones se clasifican como cibercrimen. En tiempos de bulos constantes, cabe destacar que detrás de ellos también hay muchas actividades cibercriminales como ciberfraudes o spoofing.

En el cibercrimen, a pesar del contexto digital y del papel de la tecnología, el factor humano sigue siendo lo más decisivo. En una actividad de cibercrimen, encontramos a los criminales y a sus víctimas. Pero entre unos y otros, están y deben estarlo los representantes de la ley, que vigilan e investigan, así como investigadores científicos.

La técnica de profiling también tiene utilidad en el cibercrimen. La perfilación criminal es tanto una ciencia como un arte de desarrollar descripciones de las características de los implicados. Puede ser definida como la evaluación psicológica generada a partir de la identidad de un criminal cuya actividad es conocida. Ese perfil incluye una serie de características consideradas típicas del comportamiento del perpetrador de un tipo de crimen especifico.

El perfil criminal puede ser utilizado, entre otras, para reducir el circulo de personas sospechosas de un delito. Asimismo, también puede utilizarse en sentido inverso. Es decir, para evaluar la probabilidad de que un sospechoso particular sea el perpetrador de un delito particular. Aunque la perfilación no sea una evidencia per se, es un buen punto de partida para enfocarse en sospechosos potenciales, así como en conseguir la recogida de evidencias de un crimen.

La perfilación criminal ofrece una idea de las características de los cibercriminales basándose en varios aspectos. Utiliza observaciones de criminales específicos. Tiene en cuenta información de testigos y víctimas del cibercrimen. También utiliza conocimientos de psicología general y criminal. Y, por último, tiene en cuenta los vínculos entre patrones comportamentales de diferentes tipos de cibercrimen.

En la práctica, se utiliza tanto un método inductivo como deductivo. El primero va de lo particular a lo general. De características específicas hacia a la construcción de un perfil o imagen general. empieza con la monitorización y recogida de información en base a la cual se implementa o se desarrolla un modelo, aplicado posteriormente en la práctica.

Se basa en datos estadísticos y benchmarking cuando genera un perfil. La información proviene de investigaciones formales, observaciones comportamentales de criminales conocidos, estudios clínicos, entrevistas con criminales e información disponible en bases de datos. Se obtienen y se tienen en cuenta características encontradas como comunes a un número estadísticamente significativo de criminales.

El método deductivo funciona en el sentido inverso. Empieza con perfiles y supuestos generales de los cuales se extraen características específicas. Se basa en información general y conclusiones específicas sobre características de cibercriminales, en experiencia, conocimiento e intuiciones de aquel que desarrolla el perfil.

A diferencia del método anterior, el éxito de la perfilación depende de la habilidad del perfilador en ponerse en los zapatos del criminal. Requiere pensar de una manera similar para entender sus motivos y predecir sus acciones futuras. Este método nos puede sonar más, dado que es el que más vemos en series y películas criminales.

Al igual que en otros tipos de crimen, hay una serie de mitos o creencias erróneas sobre los cibercriminales. ¿A quién no le viene a la mente un chico joven y genio, con sudadera y/o con pocas habilidades sociales  cuando se habla de un hacker?

En estereotipos que afectan a los cibercriminales encontramos varios. Alto IQ, habilidades informáticas extraordinarias, el género masculino y la edad adolescente. Incluso hay una asociación con la no violencia, porque no actúan en el mundo real, sino en el mundo virtual.

A diferencia del uso de los estereotipos, la perfilación criminal es mucho más compleja. Hay diferencias importantes en el grado de simplificación y estandarización de la imagen o perfil construido. Un perfil criminal se basa en datos recogidos y reales. Un estereotipo implica aplicar conocimiento de hechos específicos y conocidos en la interpretación de otras situaciones o individuos específicos.

Como ya hemos mencionado en otros artículos, la perfilación requiere formación y la experiencia en el campo también influye. Aunque los estereotipos no siempre sean erróneos, en el profiling generan limitaciones a la hora de descubrir todas las opciones posibles. A continuación, vamos a describir qué debe saber un buen investigador de cibercrimen.

Necesita de una combinación de habilidades específicas y generales. Debe ser capaz de monitorizar el contexto y el comportamiento de las personas. Debe captar el menor detalle y el menor cambio en una situación. Esto se resumen en una máxima: mirar no significa necesariamente ver.

También se necesita de una buena memoria, para combinar múltiples pistas y memorizar eventos, fechas, nombres, lugares, etc. Habilidades organizativas que permiten estructura la información de una manera lógica. Así, los patrones comportamentales existentes y sus relaciones se hacen visibles. Objetividad para protegerse de las propias creencias y emociones que interfieren en el análisis de evidencias.

Conocimientos jurídicos, en psicología, victimología, tecnología, así como habilidades de trabajo con documentos para recogida y transferencia de información eficaces. La habilidad de pensar con modelos inherentes a los cibercriminales. Una imaginación constructiva, controlada, creativa y teniendo en cuenta todas las posibilidades cuando se estudian hechos y se formulan conclusiones.

Y como no, curiosidad, paciencia, aguante y deseo de aprender y acumular conocimientos profundos. Aunque se trabaje solo con un tipo de crimen, hacen falta conocimientos más amplios de la perfilación y el mundo del crimen en general.

También hay habilidades más especializadas para el cibercrimen. Serían de esta naturaleza los conocimientos de tecnología informática y sistemas de seguridad, aunque sean básicos. También es importante conocer la cultura de los cibercriminales, p. ej. de los hackers. Es más fácil rastrear y destapar a un hacker cuando se sigue su modelo de pensar, ética, etc.

Volviendo a los métodos de análisis en la perfilación cibercriminal, el autor ha llevado a cabo un análisis comparativo. Para la perfilación cibercriminal el método más apropiado parece ser el deductivo. Esto es así porque hay dificultades para entrar en contacto directo con los cibercriminales. Todo ello, a su vez, dificulta la recogida de información primaria sobre características específicas de diferentes cibercriminales.

Por tanto, hay poco acceso a los especifico para ir hacia lo general, tal como ocurre en el método inductivo. El método deductivo permite determinar una serie de características cibercriminales y crear una imagen genérica.

Para hacer un perfil del rol de la víctima del cibercrimen, ambos métodos son de utilidad. Es posible entrar en contacto directo con las víctimas. Por tanto, con su ayuda se pueden identificar y agrupar sus características específicas. Al mismo tiempo, es posible crear y utilizar un perfil genérico de las víctimas de un tipo específico de cibercrimen. En la detección del cibercrimen y en las investigaciones oficiales también se pueden utilizar ambos métodos, similarmente al caso anterior.

En conclusión, el progiling supone una herramienta de investigación clave en el cibercrimen. El principal reto queda en la acumulación de información relevante y experiencia práctica para asegurar el desarrollo de perfiles adecuados. No obstante, no hay duda alguna que el factor humano en cada pequeña parte de la perfilación cibercriminal (y criminal) es clave e imprescindible.

Si te interesa la perfilación criminal, podrás conocer más detalles sobre ello en las IV Jornadas De Perfilación Criminal, dónde se reúnen varios expertos internacionales. ¡No te lo pierdas!

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Efectos de la aplicación de HCR-20 en prisiones de máxima seguridad. Club Ciencias Forenses

HCR-20 Efectos de la aplicación de HCR-20 en prisiones de máxima seguridad. Club Ciencias Forenses

Amigos del Club de Ciencias Forenses, a continuación presentamos el resumen del artículo “Management of violent behaviour in the correctional system using qualified risk assessments” de Henrik Belfrage, Fransson, y Susanne Strand,  en el que determinan  si la violencia institucional en una institución correccional de máxima seguridad podría evitarse utilizando evaluaciones integrales de riesgos seguidas de una gestión de riesgos adecuada. Y, ¿podría demostrarse esto una disminución en los factores de riesgo de violencia de acuerdo con el Esquema de Evaluación de Riesgos HCR-20 en el grupo de estudio?

La mayoría de los profesionales del sistema penitenciario son conscientes de que existen pocos programas de tratamiento o intervención demostrablemente eficaces para los delincuentes violentos adultos en las cárceles de máxima seguridad. La situación es particularmente problemática con respecto a los delincuentes que pueden ser diagnosticados como psicópatas, demuestran tasas de reincidencia extremadamente altas, o a menudo están involucrados en el comportamiento violento institucional.

Las evaluaciones de riesgos en el sistema legal se han convertido rápidamente en un problema importante en psiquiatría forense, psicología y disciplinas relacionadas. Nuevos instrumentos, que integran varios marcadores de riesgo para la violencia, están emergiendo en la literatura. Estos instrumentos sin duda tienen el potencial de aumentar la calidad de las evaluaciones de riesgos y la gestión de riesgos que resulta de estas evaluaciones. Uno de estos instrumentos que ha atraído gran atención es el esquema de evaluación del riesgo de violencia es el HCR-20 desarrollado por Webster y sus colegas. En varios estudios, utilizando varios grupos de estudio, el HCR-20 ha demostrado una buena confiabilidad entre evaluadores. Los resultados se obtienen principalmente de la investigación sobre la reincidencia en la delincuencia violenta después del alta de instituciones psiquiátricas, mientras que algunos pocos estudios se han ocupado de la violencia institucional.

Sin embargo, hay pocos datos sobre la validez predictiva de la violencia institucional cuando se utiliza el HCR-20 en muestras correccionales. Aunque sabemos que el HCR-20 tiene una buena validez concurrente con otros instrumentos bien validados, como el PCL-R / PCL: SV. Debido a que la evaluación de riesgos moderna pone más énfasis en la prevención que en años anteriores, el campo está menos enfocado únicamente en pronosticar posibles crímenes futuros, y en cambio está poniendo más recursos en un monitoreo cuidadoso y seguimiento durante el tratamiento / encarcelamiento y períodos de cuidados posteriores. Instrumentos como el HCR-20 pueden informar este modelo basado en la prevención, ya que promueve la reevaluación repetida de los factores de riesgo potencialmente dinámicos, cambios que serían importantes para construir y revisar los planes de gestión de riesgos y prevención de la violencia.

Tomando como punto de partida algunos casos muy graves de violencia institucional en las cárceles suecas de máxima seguridad, junto con los desalentadores resultados del tratamiento en psicópatas, un proyecto de desarrollo en la prisión sueca de máxima seguridad Hall se lanzó con el objetivo de realizar evaluaciones exhaustivas de riesgos, que incluían calificaciones de psicopatía, como base para la gestión de riesgos inicializada en todos los casos. No se suponía que las actividades del programa tuvieran lugar antes de que se llevara a cabo una evaluación de riesgos. El estudio se centró en la pregunta: ¿se podría evitar la violencia institucional a través de evaluaciones de riesgo integrales seguidas de una gestión de riesgos adecuada? Además, ¿podría demostrar esto una disminución en el número de factores de riesgo de violencia según HCR-20 en el grupo de estudio?

Para comprobarlo se realizó lo siguiente: Todos los delincuentes con antecedentes de criminalidad violenta, encarcelados en algún momento durante el período de estudio en la prisión de máxima seguridad sueca Hall, se consideraron grupo de estudio (N = 47). Estos reclusos estaban sujetos a evaluaciones de la vida real utilizando el esquema de evaluación de riesgos HCR-20. Todos los artículos en el HCR-20 se calificaron como O (No), 1 (Posiblemente) o 2 (Sí). Se utilizaron las versiones suecas autorizadas de HCR-20 y PCL: SV. Estas son traducciones literales, elaboradas en estrecha colaboración con los autores canadienses, y por lo tanto los hallazgos en este estudio deben ser interpretables usando los esquemas originales.

Aproximadamente un tercio del grupo de estudio fueron sujetos a una segunda evaluación de HCR-20 después de un mínimo de 3 meses y un máximo de 24 meses (M = 12 meses). El objetivo fue evaluar los posibles efectos de las intervenciones, es decir, para ver si con el tiempo, se había logrado reducir algunos de los factores de riesgo más importantes para la violencia en el grupo de estudio. La preferencia fue realizar reevaluaciones después de aproximadamente 6 meses, que es un período de seguimiento utilizado a menudo en la investigación sobre el HCR-20 en el contexto psiquiátrico. Sin embargo, por razones prácticas, el rango de tiempo para las evaluaciones de seguimiento se hizo más amplio de lo originalmente planeado.

Aquellos internos que fueron evaluados por segunda vez fueron aquellos que no habían sido transferidos a otras salas o instituciones por algún motivo. La razón más común para tales transferencias fue que los reclusos habían alcanzado una cierta cantidad de tiempo institucional que los calificaba para salas / instituciones de menor seguridad. Otras razones para tales transferencias fueron pruebas positivas de drogas, posesión de teléfonos móviles, amenazas, violencia, etc. Por lo tanto, el número total de evaluaciones de riesgos realizadas en el proyecto fue de 60.

Al comienzo del proyecto la mayoría de los reclusos tenían condenas de más de 4 años. Antes de que comenzara el proyecto, todo el personal recibió un día completo de capacitación sobre evaluación de riesgos, factores de riesgo comunes para la violencia, los principios básicos del HCR-20 y PCL: SV y estrategias adecuadas de gestión de riesgos para los delincuentes con diversos trastornos mentales. Además, cuando se estaba ejecutando el proyecto, los autores repetidamente celebraron sesiones de orientación en las que ciertos reclusos, a petición del personal, estaban sujetos a discusiones sobre la mejor actuación.

Después de cada evaluación de riesgo realizada por los autores, los resultados se discutieron con los miembros del personal y se diseñó una estrategia de gestión de riesgos para cada caso en particular. Por lo tanto, los miembros del personal eran plenamente conscientes de las características de personalidad de cada recluso (por ejemplo, diagnósticos psiquiátricos), qué factores de riesgo para la violencia mostraban y cómo manejar mejor esos factores de riesgo.

Por tanto, todos los reclusos estaban sujetos a diferentes estrategias de gestión de riesgos. Lo que podría ser una buena estrategia de gestión de riesgos, por ejemplo, para una persona no psicopática, podría ser devastador para una persona psicópata. Por ello, el objetivo de este estudio fue investigar si un mayor conocimiento por parte del personal de los factores de riesgo y las estrategias adecuadas de gestión de riesgos tendría algún efecto sobre la incidencia de la violencia.

La muestra fue toda masculina, con una edad media de 32 años en el momento de la primera evaluación (rango = 21-56). Todos los reclusos tenían un historial de criminalidad violenta, y 12 (26%) habían sido sentenciados por intento de homicidio u homicidio. La duración media de la sentencia fue de 5,4 años, que oscila entre 1,5 años y 10 años. 38 presos (81%) del grupo de estudio fueron diagnosticados por los evaluadores con al menos un diagnóstico de trastorno de la personalidad de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Cuarta Edición (DSM-IV).

El diagnóstico más común fue el trastorno de personalidad antisocial (29). Otros diagnósticos fueron el trastorno límite de la personalidad (3), el trastorno esquizoide de la personalidad (1), el trastorno de personalidad no especificado (3), el trastorno depresivo mayor (1) y el trastorno de ansiedad generalizada (1). Un total de 18 (38%) reclusos cumplieron los criterios diagnósticos de psicopatía, es decir, recibieron puntajes de 18 o más en PCL:SV.

Los resultados mostraron lo siguiente: Para medir los incidentes graves de violencia en la prisión, se estudiaron los archivos oficiales de la Prisión Hall, donde se registran todos los incidentes. Durante los 5 primeros años hubo una media de 14 casos graves por año, que comprenden 4 casos de violencia hacia el personal, 16 casos de violencia hacia otros reclusos, 13 casos de daños a la propiedad, 40 casos de amenazas contra el personal y 12 casos de amenazas contra otros reclusos. Los incidentes solo se contaron una vez, utilizando el principio de que solo se observó la forma más severa de violencia en cada incidente. Una pelea entre los reclusos, por ejemplo, que incluía amenazas, daños a la propiedad y violencia física, se contabilizaba únicamente como “violencia hacia otros reclusos”.

Sin embargo, en los siguientes 5 años, no hubo más de una media de cinco incidentes violentos graves registrados al año. Hubo solo dos casos de violencia hacia otros reclusos, y ninguno hacia el personal. Se notaron tres casos de daños a la propiedad y trece casos de amenazas al personal.

Por tanto, tras la aplicación de estas medidas, hubo una clara disminución de la violencia en la prisión durante el período del proyecto, pasando de un promedio de 14 incidentes violentos por año (al inicio del proyecto), a un promedio de 5 incidentes violentos por año durante el último periodo del proyecto. En términos porcentuales, corresponde a una disminución del 64%.

Como complemento a la medida de los incidentes de violencia, se realizaron también evaluaciones de seguimiento con el objetivo de rastrear posibles cambios en los puntajes de riesgo de los reclusos de acuerdo con HCR-20. Debido a limitaciones prácticas, como se describió anteriormente, no todos los reclusos podrían estar sujetos a reevaluaciones durante el período de estudio. Sin embargo, los 13 (28%) miembros del grupo de estudio que estuvieron sujetos a evaluaciones de seguimiento no difirieron del grupo de estudio completo en ninguno de los aspectos estudiados en este proyecto. La distribución de los puntajes PCL: SV, por ejemplo, fue muy similar. Aproximadamente un tercio (31%) cumplió con los criterios de diagnóstico según PCL: SV, mientras que 1 (6%) recibió la puntuación máxima de 24.

La comparación de las puntuaciones HCR-20 entre el grupo de estudio completo (N = 47) y el grupo de seguimiento (N = 13) mostró que no se había podido reducir significativamente ninguno de los factores de riesgo de HCR-20. Inicialmente, esto se consideró decepcionante y sorprendente, sobre todo porque se pudo demostrar una clara disminución de la violencia en la prisión durante el período del proyecto. Entonces, ¿por qué no hubo una reducción de esos factores de riesgo?

A primera vista, los resultados de este estudio fueron, por un lado, muy alentadores, pero, por otro lado, muy desalentadores. En general, y lo más importante, los niveles de violencia se redujeron durante el período del proyecto. Sin embargo, esta reducción se realizó sin una reducción significativa de los factores de riesgo importantes para la violencia en el grupo de estudio. Las preguntas se centraron en este estudio (¿Podría evitarse la violencia institucional mediante evaluaciones exhaustivas de riesgos seguidas de una gestión de riesgos adecuada? ¿Podría mostrarse esto en una disminución de los factores de riesgo de violencia según HCR-20 en el grupo de estudio?), por lo tanto, podría responderse ‘sí’ y ‘no’.

¿Cómo se debe interpretar este resultado? La reducción de la violencia es muy probablemente un resultado del proyecto. Nada más de lo que se incluyó en el estudio se modificó durante el período del proyecto. Había la misma categoría de delincuentes, en general los mismos miembros del personal, básicamente el mismo acceso a varios programas de tratamiento, educación, trabajo, etc., como antes de que comenzara el proyecto. Y no hubo disminución en el número de incidentes violentos en ninguna de las otras salas de la prisión durante el período de estudio. Por lo tanto, la disminución de la violencia fue indudablemente consecuencia del proyecto, lo cual es un resultado positivo.

Se pueden identificar al menos tres explicaciones posibles, ligeramente diferentes.

  • En primer lugar, el uso de evaluaciones de riesgos calificadas ha mejorado en gran medida la gestión de riesgos. La planificación del tiempo de reclusión en la prisión es más fácil y más adecuada cuando los miembros del personal son plenamente conscientes de las premisas, es decir, qué características de personalidad y qué factores de riesgo específicos para la violencia están presentes para ciertos reclusos.
  • Segundo, el mayor conocimiento entre el personal sobre los diferentes rasgos de personalidad y factores de riesgo de los reclusos, y cómo manejar mejor las diversas situaciones que pueden evolucionar debido a tales características y factores de riesgo, ha mejorado en gran medida la gestión de riesgos en la prisión.
  • En tercer lugar, el hecho de que el proyecto se estuviera ejecutando y de que los reclusos recibieran mucha más atención de la habitual tenía un efecto reductor de la violencia. Uno debe recordar que muchos de los ofensores en el grupo de estudio tienen rasgos de personalidad tales como grandiosidad, narcisismo, egocentrismo, etc., y por lo tanto disfrutan mucho la atención, no menos importante de investigadores y expertos. Esto podría haber tenido un efecto positivo, a pesar de que, hasta donde se sabe, no se ha demostrado previamente que esto tenga un efecto reductor de la violencia.

Científicamente, es imposible saber con certeza qué fue lo más influyente como factor reductor de la violencia en este proyecto. Es posible, tal vez incluso probable, que las tres explicaciones dadas anteriormente estén involucradas en cierta medida. Sin embargo, algo desconcertante fue el hecho de que la disminución de la violencia durante el período de estudio, independientemente de los factores explicativos que pudiera haber, no se podía ver en términos de una reducción de factores de riesgo importantes en el HCR-20. Esto fue particularmente desconcertante ya que encontramos, en un estudio previo de violencia institucional en las cárceles de máxima seguridad suecas, que el HCR-20 tenía una buena validez predictiva.

Es importante no olvidar distinguir entre la presencia de un cierto número de factores de riesgo entre los delincuentes y la naturaleza de los factores de riesgo que exhiben. Algunos factores de riesgo son dinámicos y, por lo tanto, es posible modificarlos o incluso eliminarlos, mientras que otros son estáticos y apenas o pueden cambiarse. Entre los pacientes con enfermedades mentales, por ejemplo, en muchos casos podemos reducir sus factores de riesgo drásticamente con la medicación adecuada. También en poblaciones psiquiátricas forenses, se ha demostrado que los factores de riesgo pueden reducirse significativamente con el tiempo a través del tratamiento. En las poblaciones carcelarias, sin embargo, parece ser más difícil lograr cualquier cambio positivo en los factores de riesgo a lo largo del tiempo, particularmente para aquellos reclusos que tienen un alto grado de rasgos de personalidad psicopática.

Sin embargo, no poder disminuir los factores de riesgo de violencia no significa necesariamente que no se pueda disminuir el riesgo o la incidencia de la violencia. Este estudio indica que una gestión adecuada y correcta de los riesgos, utilizando los mejores factores de protección disponibles, puede reducir la violencia a pesar de que no se pueden reducir los factores de riesgo importantes. Sin embargo, se necesitan más estudios confirmatorios sobre este tema antes de que podamos sacar tales conclusiones (ya que también existen investigaciones científicas similares fuera de las prisiones que muestran resultados contrarios).

La generalización de estos resultados debe verse como algo limitada, principalmente debido al grupo de estudio comparativamente pequeño, pero también debido a las dificultades científicas relacionadas con el enfoque. La evaluación de los cambios en los factores de riesgo a lo largo del tiempo es indudablemente un desarrollo bueno y prometedor en el área de la investigación de la evaluación. Sin embargo, no es únicamente lo suficientemente bueno, es decir, los incidentes de violencia o las recaídas en la criminalidad son, y probablemente siempre serán, de gran importancia.

En este estudio, por ejemplo, si solo se hubiese evaluado los cambios en los factores de riesgo, el resultado hubiera sido muy desalentador, mientras que los resultados fueron muy buenos si solo se hubieran tenido en cuenta los incidentes de violencia. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que los cambios en los factores de riesgo son más probables en algunas poblaciones que en otras, dependiendo de la naturaleza del grupo de estudio y los factores de riesgo que puedan modificarse con mayor facilidad. En consecuencia, el HCR-20 podría ser una herramienta demasiado ‘áspera’ como para medir los cambios en los factores de riesgo en las poblaciones correccionales, en contraste con su utilidad demostrada en las poblaciones psiquiátricas forenses.

Los asesinos jóvenes ¿son psicópatas?. Club Ciencias Forenses

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, a continuación presentamos el resumen del artículo “Characteristics of Homicidal and Violent Juveniles” de David S y Geoffrey McKey en el que se investigan las características de los homicidas juveniles. 

Los homicidas juveniles han recibido considerable atención en los medios de comunicación y en la literatura de ciencias sociales en los últimos años. Debido a varios obstáculos metodológicos, se sabe relativamente poco sobre las características premórbidas y ofensivas de esta población. A pesar de los datos que sugieren una disminución general del homicidio juvenil desde 1993, las tasas siguen siendo preocupantes. Se ha observado que este fenómeno representa una gran preocupación social porque los perpetradores desafían las concepciones de larga data de la niñez y la adolescencia y crean serios dilemas para los sistemas de justicia penal y juvenil.

La mayoría de los estudios en esta área sufren de importantes limitaciones metodológicas al existir una dependencia excesiva en tamaños de muestra pequeños que limitan la validez externa de las conclusiones. Además, la mayoría de los estudios han utilizado muestras que abarcan un amplio rango de edad de delincuentes, que pueden ignorar diferencias importantes de desarrollo. Varios esfuerzos han utilizado muestras mixtas de personas homicidas agresivas y perpetradores de homicidios sin haber abordado directamente si los dos grupos son equivalentes en las variables de interés. Finalmente, los investigadores han demostrado una preferencia por estudiar a jóvenes que asesinan a miembros de la familia cuando, de hecho, este subgrupo representa solo del 10% al 20% de los casos de homicidio juvenil. Muchas de estas limitaciones metodológicas se pueden atribuir a la infrecuencia relativa de este delito y las dificultades relacionadas para encontrar una muestra grande en un entorno único.

Los estudios de predicción se han centrado en una variedad de factores psicológicos, cognitivos, familiares y ambientales que pueden estar asociados con el riesgo de un joven de asesinar. Los estudios con un enfoque en los predictores psicológicos han investigado la presencia del psicoticismo, las tendencias psicopáticas, o deficiencias de control de los impulsos en esta población. Los estudios de predicción cognitiva generalmente se han centrado en la inteligencia, las discapacidades de aprendizaje y las anomalías neurológicas. La mayoría de los estudios que examinan predictores familiares de homicidio en menores han examinado historias de abuso doméstico, inestabilidad y violencia, así como antecedentes penales y psiquiátricos anteriores. Finalmente, los estudios de predicción ambiental han examinado la influencia de las armas y las pandillas sobre el comportamiento homicida en la juventud.

El presente estudio que resumimos compara las características demográficas, históricas, clínicas, ofensivas y forense de una gran muestra de hombres jóvenes acusados ​​de asesinato con un grupo de comparación acusado de otros delitos graves y violentos. El objetivo principal del análisis es aumentar la comprensión de la juventud homicida a través de una comparación clínicamente significativa que mejora sobre varias debilidades metodológicas encontradas en estudios anteriores.

Para ello, se realizó una revisión de casos de una muestra grande de hombres jóvenes acusados ​​de delitos graves (es decir, asesinato, asalto y agresión con la intención de matar, secuestro, conducta sexual criminal, robo a mano armada, incendio premeditado y robo con allanamiento) que fueron derivados de 1987 a 1997 a un hospital psiquiátrico forense afiliado a una universidad para la evaluación preliminar de su competencia para ser juzgados y de su estado mental en el momento de la infracción. El funcionamiento psicológico, intelectual y social de cada menor fue evaluado por un psiquiatra y un psicólogo del personal al ingresar al establecimiento. Los diagnósticos del Eje I se obtuvieron mediante entrevistas semiestructuradas corroboradas por medidas de evaluación objetiva y protectora de la personalidad.

Las estimaciones de inteligencia se obtuvieron utilizando medidas WISC-III y WAIS-R, así como los registros escolares anteriores. Los asistentes sociales del caso recopilaron historias personales de registros, miembros de la familia, documentos legales y otras fuentes de garantía. Un total de 30 hombres acusados ​​de asesinato se compararon con una muestra de 62 hombres acusados ​​de otros delitos graves y violentos. Las mujeres fueron excluidas del análisis debido a su muy baja representación (n = 7, 7.1%) en esta muestra.

Se recogieron datos demográficos, históricos, clínicos, ofensivos y forenses de cada cuadro hospitalario de menores, que incluía informes médicos, psicológicos y educativos previos, así como documentos legales, policiales y judiciales acompañantes. Los datos demográficos consistieron en la raza, la edad, el estado socioeconómico familiar, el estado de custodia (por ejemplo, en hogares de guarda) del menor y la presencia de hermanos. Datos históricos relacionados con la estabilidad familiar (por ejemplo, planteada por padres o adoptados), antecedentes familiares de salud mental, antecedentes de abuso físico, antecedentes de abuso sexual, antecedentes de negligencia, detenciones previas, colocación institucional correccional previa, antecedentes de abuso de sustancias, antecedentes mentales servicios de salud e historial de intentos de suicidio.

Los datos clínicos contenían el grado actual y el estado de inscripción escolar del menor, colocación previa en clases remediales, emocionalmente discapacitadas, discapacitados mentales educables, historial de suspensiones o expulsiones, absentismo escolar y opinión del psiquiatra examinador del menor. Los datos ofensivos y forenses incluyen el número de cargos, la presencia de un codemandado, el uso de un arma, la ubicación del delito, la negación del acusado o la admisión de culpabilidad, la competencia para ser juzgado y tres variables que ocurren en el momento del delito: uso de sustancias, estado psiquiátrico (p. ej., descontinuación de medicamentos) y estado mental (p. ej., locura).

Para abordar los problemas metodológicos de las diferencias entre jóvenes acusados ​​de asesinato e intento de asesinato, los jóvenes de esta muestra acusados ​​de homicidio (n = 30) se compararon con jóvenes acusados ​​de intento de homicidio (asalto y agresión con intención de matar) (n = 27). Los resultados indicaron que no hubo diferencias significativas entre los grupos. En un análisis por separado, los juveniles se dividieron en tres grupos de edad (14 años y menos, 15 años y 16 años o más) para evaluar las diferencias en el desarrollo. No se encontraron diferencias significativas. Para abordar las preocupaciones de que los menores acusados ​​de intento de homicidio podrían ser diferentes de los delincuentes violentos no homicidas, se realizó un análisis por separado: no se encontraron diferencias significativas.

En cuanto a características demográficas, tampoco se observaron diferencias significativas entre las características demográficas de los dos grupos. La edad promedio fue de aproximadamente 15 años para los jóvenes homicidas y no homicidas. Aproximadamente las tres cuartas partes de los acusados ​​en ambos grupos eran afroamericanos. Una tendencia no significativa sugirió que los jóvenes homicidas tenían menos probabilidades de ser hijos únicos (13.3%) en comparación con otros jóvenes violentos (35.5%).

En cuanto a las características clínicas, los diagnósticos más frecuentes para jóvenes homicidas fueron trastorno de adaptación o abuso de sustancias (50.0%), mientras que los miembros del grupo no homicida eran más propensos a sufrir trastornos crónicos u orgánicos como trastorno de conducta, trastorno por déficit de atención, psicosis o trastornos del estado de ánimo (69.4%).

Por otro lado, se encontraron dos diferencias grupales significativas en las áreas de ofensas y características forenses. Los homicidas juveniles tenían más probabilidades de haber actuado solos (46.7%) que los hombres acusados ​​de otros delitos violentos (8.1%). Además, los asesinatos fueron significativamente más probables de haber sido cometidos en un entorno doméstico (40%) en comparación con otras ofensas violentas (6.5%).

Otras dos características ofensivas merecen mención. Hubo una tendencia que indica que los homicidas juveniles tenían más probabilidades (50%) de haber usado un arma de fuego que el grupo no homicida (19.4%) durante la comisión de la ofensa. Sin embargo, también hubo una tendencia que reflejó una mayor tasa de servicios de salud mental en el momento de la infracción en el grupo no homicida (40.5%) en comparación con la juventud homicida (8%). No se encontraron diferencias grupales significativas con respecto a las características forenses de la muestra. Sin embargo, una tendencia no significativa indicó que los jóvenes homicidas (78.6%) tenían más probabilidades de haber sido declarados competentes para ser juzgados que los jóvenes no homicidas (43.5%).

La mayoría de los acusados ​​de homicidio tenían un CI dentro del rango normal de inteligencia. Estos resultados son consistentes con estudios previos de autores de homicidios adolescentes que informan de rangos de CI dentro del rango límite a normal. El estado escolar general de los acusados ​​de homicidio, sin embargo, fue pobre. Muchos habían repetido al menos un grado (59.3%), habían estado en clases con problemas de aprendizaje (19.2%) y / o tenían antecedentes de absentismo escolar (60.0%) o expulsiones previas (71.4%). Sin embargo, los menores enfrentados a cargos por homicidio en esta muestra tenían menos probabilidades de repetir un grado o estar en clases con discapacidades de aprendizaje en comparación con poblaciones similares. Por lo tanto, si bien esta población puede, en promedio, poseer una inteligencia adecuada y tasas comparativamente bajas de desórdenes crónicos externos, sus historias escolares aún sugieren un ajuste deficiente, desconexión y relaciones interpersonales posiblemente tensas.

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