Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Dismantling the justice silos: Flowcharting the role and expertise of forensic science, forensic medicine and allied health in adult sexual assault investigations” de Kelty, S. F.; Julian, R.; Bruenisholz, E. y Wilson-Wilde, L. (2018), en el cual se analizan los riesgos que, en casos de delitos sexuales, conlleva la falta de comunicación y el aislamiento de los distintos profesionales de las ciencias forenses intervinientes en la investigación (lo que se denomina efecto silo de la justicia).

Con la creciente dependencia en la prestación de servicios forenses multidisciplinares y multiagenciales, el riesgo de que exista una falta de comunicación también incrementa. Y, este riesgo, puede verse materializado en última instancia en resultados injustos, sobretodo en crímenes graves como los delitos sexuales. Esto se debe a que, cuando más grave o complejo es un delito, más posibilidades existen de contar con personal multidisciplinar en la investigación.

La ausencia de una comunicación significativa y regular entre la ciencia forense, la medicina, el derecho y la policía se calificó como el “efecto silo de la justicia“. Este se refiere al aislamiento o falta de comunicación entre estas ramas y sus profesionales que trabajan en el mismo caso o similares, en especial cuando se trata de delitos sexuales. Como consecuencia, esto puede resultar en sentencias injustas y erróneas.

Así pues, para tratar de detectar e incidir en puntos críticos al respecto, el estudio contó con 121 participantes, profesionales de la medicina forense, las ciencias forenses, la Ley y las fuerzas del orden.

Como resultado, se extrajo un diagrama de flujo en el que se observa el proceso de investigación de delitos sexuales con víctimas adultas, desde la alegación de estos al uso de la evidencia forense en el enjuiciamiento. En el diagrama se subraya cuáles son los puntos críticos en las decisiones que tienen mayor impacto en el caso, con el fin de ofrecer orientación a los profesionales involucrados.

Así pues, típicamente el primer punto crítico en el proceso sería la respuesta de los primeros intervinientes (policía, hospitales, clínicas especializadas en violaciones, servicios de apoyo a las víctimas). En este punto, los factores de riesgo se corresponden, principalmente, con el riesgo de perder o no recopilar evidencia forense con potencial de valor. El origen de este riesgo se fundamenta en la falta de conocimiento forense o conciencia al respecto de su eficiencia y otras cuestiones. La filosofía o las políticas de las organizaciones combinadas con el nivel de conciencia forense pueden tener un impacto positivo o negativo en la recogida efectiva de evidencia.

El segundo punto crítico radica en la toma de decisiones de los investigadores policiales: si estos deciden llamar a expertos forenses y, de ser así, quiénes. Esto es, se trata sobretodo de elegir correctamente al experto forense con amplios conocimientos en la materia (por ejemplo, un médico forense experto en delitos sexuales). Del mismo modo, es importante que estos expertos no se salgan de los límites de su conocimiento y eviten la contaminación involuntaria de la evidencia, por ejemplo, mediante prácticas desfasadas.

El tercer punto crítico se trata de la presentación oportuna de la evidencia del delito sexual para su análisis, seguida del intercambio efectivo de la información correspondiente. Pues bien, el primer factor de riesgo se fundamenta en la importancia del tiempo, ya que con el paso de este aumentan las posibilidades de perder, eliminar o contaminar la evidencia. El segundo factor se corresponde con el limitado catálogo de análisis forenses practicados habitualmente (ADN, huellas…), en adición a las decisiones de triaje (la clasificación del caso y su importancia), las cuales en casos de delitos sexuales suelen hacerse individualmente en lugar de a través de reuniones de equipo o en base a una mayor comunicación con otros profesionales involucrados, ya sean estos de la misma organización u otras distintas (efecto silo).

Por último, el cuarto punto crítico se corresponde con el análisis de los informes forenses, siendo el factor principal de riesgo la legibilidad de los informes: cómo de fácil o clara resulta su lectura y comprensión para los demás intervinientes del proceso que no son médicos o profesionales forenses, como abogados o policías.

Con respecto a los canales de comunicación y retroalimentación de las prácticas forenses en casos de delitos sexuales en adultos, se identificaron tres. El primero de ellos se refiere a la calidad de la evidencia recogida; para formalizar este canal, los investigadores podrían añadir su contacto profesional, como un correo electrónico, para que otros investigadores puedan comunicarse con ellos, plantearles dudas… etc. De hecho, los primeros podrían incluso añadir a su informe distintas observaciones y sugerencias de mejora para retroalimentar a los otros profesionales.

De manera similar, el segundo canal se refiere a la retroalimentación por parte de policías, abogados, etc, con los investigadores forenses sobre la legibilidad y calidad de sus informes. Idealmente, este debería producirse por el mismo medio en que se recibió la comunicación, por ejemplo, un email. Por último, han de tenerse en cuenta los grupos de trabajo como medio para el aprendizaje, revisión e intercambio de buenas y malas prácticas y para dar visibilidad a la utilidad de las prácticas y conocimientos de cada rama profesional, sin necesidad de tratar ningún caso específico en dichas reuniones. Su esencia es la colaboración, y, para su implementación y éxito, necesitan del apoyo organizacional y el reconocimiento de su valor.

Así pues, a pesar de los beneficios de estos grupos, las explicaciones al por qué muchas agencias no practican tales reuniones, o no habitualmente, son los cambios en los jefes y el personal del grupo, no entender o creer en los beneficios que conllevan y la reducción del número de personal o del tiempo disponible para acudir a las reuniones. Sin embargo, cada vez hay más conciencia de dichos beneficios en las políticas multidisciplinares, multiagenciales y de compañerismo.

Como recomendaciones para mejorar las investigaciones futuras de casos de delitos sexuales en adultos, encontramos: por un lado, evaluar la viabilidad de un defensor de las víctimas y determinar en qué agencia u organización estaría mejor ubicado para apoyar a la víctima desde el inicio del proceso a la preparación del juicio, pues existe una carencia de esta figura. Asimismo, se recomienda entrenar a profesionales policiales, médicos…, en la importancia del ADN en casos sin sospechosos y con agresores conocidos de la víctima, así como en la importancia de otros tipos de evidencia en casos de delitos sexuales.

Por otro lado, la integración y formalización de los bucles de retroalimentación y los canales de comunicación en todo el proceso de forma holística. Finalmente, se recomienda asegurar las reuniones de los grupos de trabajo, ya sea en un ambiente semi-formal o informal, para fomentar el conocimiento recíproco que, en última instancia, derive en la colaboración exitosa entre profesionales multidisciplinares y agencias.

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