Lingüística Forense. Club de las Ciencias Forenses.

Lingüística Forense. Club de las Ciencias Forenses.

Estimados suscriptores y seguidores del Club de las Ciencias Forenses, como ya os adelantamos la semana pasada os ofrecemos la segunda parte del artículo “Lingüística Forense: Una visión general del cruce y la interrelación entre Lengua y Derecho” de la autora Maite Correa de la Universidad Estatal de Colorado (EE.UU.) que nos introduce en el novedoso y desconocido tema de la lingüística forense. En la primera parte ya vimos: la Evidencia Lingüística, la Identificación de la Autoría, los Delitos de Lenguaje y el Lenguaje de la Ley. Esta semana, en la segunda parte tenemos: el Lenguaje en procedimientos legales y discursos en salas de juicios y ¿qué es lo que el lingüista forense no hace?

Lenguaje en procedimientos legales y discursos en salas de juicios
El lenguaje, además de servir para redactar leyes y documentos legales, es también un medio de comunicación entre los agentes de la ley y los sospechosos/testigos, es igualmente el medio de argumentación legal en un juicio. Para poder entender las complejidades de cualquier interacción entre interlocutores, el Principio Cooperativo de Paul Grice y la Teoría de los actos de habla son de gran ayuda. Según el Principio Cooperativo existen cuatro máximas que deben ser respetadas para una comunicación eficicaz: 1. Calidad (no decir lo que puede ser falso o para lo que no se tenga evidencia), 2. Cantidad (no decir más o menos de lo requerido), 3. Narración (relevante), 4. Forma (evitar ambigüedades, ser breve y ordenado). Cuando el orador incumple una máxima, entonces el oyente trata de conciliar lo que ha dicho con la suposición de que está cooperando. Es precisamente esta situación la que conduce al oyente a inferir lo que el orador quiere decir. Así pues, lo que se ha dicho, la intención del orador, y lo que el oyente ha entendido no siempre coinciden. Los actos de habla se analizan a tres niveles: 1. Locucionario (lo que realmente se ha dicho), 2. Ilocucionario (la intención del orador) y 3. Perlocucionario (efecto del acto de habla en los demás).
Otro asunto que ha llamado mucho la atención de los lingüistas forenses es la gestión del “Miranda warning” (la lectura de los derechos de un detenido). A pesar de que su enunciación constituya un acto de habla a nivel locucionario (la lectura de derechos no puede llevarse a cabo a menos que sea dicha), el efecto perlocucionario que tiene en la persona detenida (sin importar que haya entendido o no sus derechos o diga que los entiende) es de vital importancia. En otras palabras, si la lectura de derechos le informa y/o recuerda que tiene derecho a guardar silencio, ¿Porqué aproximadamente el 80% sigue contestando a las preguntas de los policías antes de contratar a un abogado? Una posible explicación es que el “Miranda warning” viola la mayoría de las reglas del inglés hablado y es realmente difícil de entender incluso en las mejores circunstancias. Aunque esta declaración informa del derecho a “la presencia de un abogado durante cualquier interrogatorio”, este derecho debe ser ejercido por el detenido a través de otro acto de habla (solicitar un abogado). Ainsworth (2010) observó que el uso de una forma interrogativa tal como “¿Podría llamar a mi abogado?” o “¿Le importaría que estuviera mi abogado conmigo?” puede impedir que el detenido consiga un abogado, ya que una interrogación no se interpreta necesariamente como una petición. Del mismo modo que una prueba obtenida ilegalmente no puede ser usada en un juicio, una confesión involuntaria o forzada tampoco puede ser admitida. Shuy (1997), en su análisis de interacciones policía/sospechoso enfatizó la naturaleza coercitiva de las preguntas a los sospechosos y la dificultad que tienen de permanecer en silencio en la sala de interrogatorios. Estos son algunos ejemplos de técnicas coercitivas empleadas habitualmente durante los interrogatorios: 1. preguntas cerradas (si/no), 2. preguntas de confirmación, 3. preguntas que presuponen un hecho que aún no se ha demostrado y 4. promesas y/o amenazas. Las preguntas cerradas muestran un mayor control del interrogador que las preguntas abiertas. Las preguntas de confirmación y las que incluyen presuposiciones son incluso más potentes en pruebas determinantes puesto que, sin importar la respuesta, la presuposición “sigue siendo admitida”.
Niños, adolescentes y personas con trastornos cognitivos o mentales son especialmente susceptibles a renunciar a sus derechos, a modificar sus declaraciones, a hacer falsas confesiones, o aceptar declaraciones de culpabilidad. Drizin y Leo (2004), en su análisis de 125 casos demostrados de falsas confesiones inducidas en interrogatorios, encontraron que los métodos psicológicos de manipulación de los interrogadores a menudo llevan a una persona inocente de algún colectivo vulnerable a hacer una falsa confesión. Redlich (2007) fue más allá y mencionó que a pesar de que entre un 70% a un 100% de los menores involucrados en procedimientos judiciales tienen “trastornos diagnosticados”, muchos siguen siendo interrogados como si se tratara de adultos sanos, lo cual hace que la probabilidad de obtener falsas confesiones sea aún más alarmante. Este colectivo no es únicamente vulnerable como sospechoso si no que también lo es como testigo o como víctima de abusos. Aldridge (2010), Eades (2010) y Ellison (2002), analizaron la interacción entre sospechosos/acusados y sus entrevistadores y concluyeron que, aunque habitualmente se establecen medidas para su protección, el interrogatorio está sembrado de recursos lingüísticos y técnicas interrogativas que ponen en situación de desventaja a los que tienen una limitada capacidad de lenguaje debido a su inmadurez o incapacidad. Por último, dentro del colectivo de personas vulnerables se encuentran los que por su origen cultural o lingüístico no están adecuadamente protegidos o representados en el sistema acusatorio. Consecuentemente, este colectivo es mucho más vulnerable a la auto-incriminación y su testimonio suele ser declarado insuficiente, inadecuado, poco fiable, o simplemente inválido.
En los casos en los que se requiere la asistencia de un intérprete, cabe mencionar que lo se transcribe son sus palabras interpretadas y, así, se queda como registro oficial. Berk-Seligson (2002) reveló que la interpretación no solamente es un proceso altamente complejo, si no que además la discordancia entre la función del intérprete y lo que los demás entienden que es da lugar a consecuencias catastróficas. Uno de los mayores obstáculos es que no se le suele prestar mucha atención ni al contenido pragmático del testimonio interpretado ni al sintáctico. Los resultados del estudio demuestran que los intérpretes no interpretan consistentemente “con perfección y exactitud” y que se requiere una formación lingüística para tomar consciencia de la importancia del estilo en un juicio. Por ejemplo, se ha observado que añadiendo el tratamiento señor o señora, los miembros del jurado tienden a considerar al testigo más competente y convincente. Del mismo modo, hacer una versión más vulgar que la original (añadiendo palabras como jodido) “recae negativamente en el acusado”.
La lectura de derechos y las entrevistas que implican necesariamente el lenguaje, que pueden incluso llegar a convertirse en pruebas, generalmente se llevan a cabo sin un intérprete (titulado). Los sospechosos sordos son especialmente vulnerables en estas situaciones, ya que la mayoría de las veces su condición no se reconoce inmediatamente, y como consecuencia, su silencio puede ser interpretado como resistencia o falta de cooperación con la policía.
A pesar de que jueces y jurados son los que tienen la última palabra, los lingüistas pueden ser “extremadamente útiles analizando la estructura discursiva y el contenido lingüístico de los interrogatorios”. Por ello, se ha sugerido repetidamente que, como medida de precaución, las entrevistas entre los agentes de la ley y los sospechosos sean grabadas en todas las etapas del procedimiento. El lingüista puede asimismo ayudar planteando de que maneras la policía puede hacer uso de un lenguaje menos coercitivo durante sus interacciones. En el caso de menores y personas con incapacidades comunicativas, el lingüista podría proporcionar una formación especializada a los entrevistadores con el fin de que sean capaces de evaluar y reconocer las características lingüísticas de un sospechoso y actuar adecuadamente. De igual modo, pueden valorar la competencia y el rendimiento lingüísticos de los no nativos y decidir si poseen habilidades básicas de comunicación interpersonal. El lingüista puede igualmente asegurarse de que el intérprete no está favoreciendo (o desfavoreciendo) al acusado debido a su mala práctica.
El Principio Cooperativo de Grice presenta principalmente dos problemas: asume una situación de discurso ideal, y se limita al acto locucionario de habla. Como consecuencia, también presenta algunas limitaciones: ¿Porqué debería asumirse que cualquiera que esté involucrado en un delito o en una investigación criminal quiere cooperar? En el caso de las interpretaciones en los tribunales, las limitaciones son muy claras: en tanto que el testimonio original no sea grabado para poder compararlo con la versión interpretada, los lingüistas no pueden hacer más que especular sobre la calidad de la interpretación.

¿Qué es lo que los Lingüistas Forenses no hacen?
Contrariamente a la creencia popular, el deber de un lingüista forense no es llevar a cabo análisis de textos para descubrir la intención del autor o describir su perfil psicológico o su estado de ánimo. Otras áreas que se encuentran fuera de su cometido son entre otras: la grafología, el análisis caligráfico o la documentoscopia. Por último, es crucial señalar que lo que el lingüista forense analiza es el lenguaje, no la culpabilidad o la inocencia.

Para concluir, podría afirmarse que la ley es inconcebible sin el lenguaje: sin lenguaje no habría leyes, ni juicios, y en algunos casos, no habría pruebas. Aunque el campo de la lingüística forense todavía está en sus comienzos, su contribución al sistema judicial criminal es significativa. Como cualquier otra disciplina emergente presenta numerosas limitaciones que no deberían pasarse por alto. En primer lugar, la prueba lingüística por si sola a menudo no es suficiente para condenar o exonerar a alguien. En segundo lugar, a pesar de que el análisis lingüístico se está volviendo cada vez más riguroso con la ayuda de la tecnología, sigue sin ser 100% infalible. Finalmente, la imposibilidad de manipulación experimental en los tribunales hace que ciertas asunciones acerca de lo que pasa sean difíciles de demostrar. Mientras sea el caso, lo que debe quedar claro es que cuando los lingüistas actúan como testigos expertos, su objetivo principal es asistir al jurado en la comprensión de la prueba arrojando luz sobre cuestiones que pueden no ser evidentes.

Fundación Universitaria Behavior & Law – Club de Ciencias Forenses

Traducción y edición: Leticia Moreno