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delitos sexuales

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Sexual offences against women: variables involved in judicial decision making” de Camplá, X.; Marcos, V.; Fariña, F. y Arce, R. (2019), en el que los autores revisan las características de 102 casos de violencia sexual para analizar cómo podrían influir en la toma de decisiones judiciales.

La violencia sexual según la Organización Mundial de la Salud, se entiende como cualquier acto sexual, intento de tenerlo, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o actos dirigidos contra la sexualidad de una persona, utilizando la coacción, por parte de cualquier persona, sin importar la relación que tenga con la víctima, y en cualquier entorno.

Es decir, la violencia sexual representa un ataque a la integridad física, emocional, y a la autonomía sexual de las personas.

La OMS también reporta una prevalencia de este fenómeno contra las mujeres a lo largo de sus vidas: un 35% experimenta agresiones sexuales en algún momento de su existencia, sin incluir el acoso sexual. Los victimarios suelen ser, predominantemente, la pareja íntima de la víctima.

Por tanto, podemos hablar de que es una tipología delincuencial que afecta principalmente a las mujeres, si bien es cierto que existe un número creciente de victimizaciones de este tipo contra los hombres, según estudios recientes.

A pesar de la magnitud del problema de la violencia sexual, estimada a través de las encuestas de victimización, la realidad es que existe una tasa muy baja de denuncias formales a nivel mundial. Esto se relaciona con las características del delito (por ejemplo, la ausencia de testigos), así como con los mitos sobre la agresión sexual.

Por tanto, se estima que existe una alta cifra oculta y que lo que realmente vemos es la punta del iceberg.

El proceso de toma de decisiones en justicia penal es especialmente relevante si hablamos del campo de la violencia sexual.

Esta toma de decisiones debe basarse en la evaluación de factores legales (como la idoneidad de las pruebas), sin ideas preconcebidas. Sin embargo, el poder judicial se enfrenta a escenarios complejos, sin olvidar que la toma de decisiones está limitada por las características del funcionamiento cognitivo humano.

Estos elementos, los esquemas cognitivos y prejuicios humanos, forman parte de los denominados factores extralegales en el ámbito de las decisiones judiciales. Son, por ejemplo, la relación entre la víctima y el delincuente, ya que se ha encontrado una conexión entre esto y una menor cantidad de denuncias.

Otra variable considerada mediadora de la decisión penal son las características socialmente negativas y los prejuicios contra la víctima.

Por otro lado, los esquemas cognitivos sobre las agresiones sexuales han generado malentendidos y expectativas sobre cómo ocurren, cómo se comportan las víctimas antes y después de los hechos, simplificando la información y disminuyendo la credibilidad de la víctima.

Teniendo todo esto en cuenta, los autores deciden estudiar una serie de sentencias judiciales sobre delitos sexuales cometidos contra mujeres adultas, con el objetivo de caracterizar los delitos que llegan a instancias penales y conocer si existe alguna asociación entre el veredicto y la entre la víctima y el victimario, los prejuicios contra la víctima y la presencia o ausencia de lesiones.

Se analizaron un total de 102 casos cometidos contra mujeres mayores de 18 años.

Un 50% del total se correspondieron con casos de violación, un 42,2% con casos de abuso sexual, un 7,8% fueron robos con violación.

En cuanto a la relación entre la víctima y el victimario, el 34% eran desconocidos, el 66% conocía a la víctima y el 11,8% eran familia de la víctima.

La victimización por parejas ocurre en el 55% de las ocasiones en la casa de la propia víctima, el 18% en el hogar del victimario y un 14% en el vehículo de éste.

En cuanto a las estrategias del victimario, predomina el uso de la fuerza (70,6%) seguido de agresiones sexuales incapacitando a la víctima, ya sea porque ésta está dormida o facilitando el consumo de sustancias (20,6%), por último, también interviene la intimidación psicológica (8,8%).

Con respecto a la decisión judicial, hubo un total de 42,2% de absoluciones y un 57,8% de condenas.

Se observó que no es tan común que existan lesiones, y si las hay, suelen ser de gravedad leve. Además, puede darse el caso de que la lesiones no sean directamente atribuibles a la violencia sexual, teniendo en cuenta que en los casos analizados las mujeres son adultas (con vida sexual activa, quizá algún parto, etcétera).

El bajo número de sentencias condenatorias asociadas a la intimidación como estrategia (8,8%), muestra el grado de dificultad que implica resolver el problema del consentimiento en ausencia de lucha física, a pesar de que la intimidación es una táctica frecuente.

Dado que las agresiones por parte de desconocidos son el tipo menos frecuente, es lógico pensar que la representación de estos casos en las estadísticas es mucho menor, y por tanto, es importante examinar en detalle los argumentos que motivan las absoluciones en los casos donde existen vínculos más estrechos entre víctima y agresor, que serían los casos predominantes, y si existen factores extralegales en el proceso de toma de decisiones.

Los autores concluyen con que es necesario crear instancias de formación dirigidas a quienes trabajan en el sistema de justicia sobre la heterogeneidad de las víctimas y las diferentes dinámicas de violencia, así como promover la conciencia de sus propios sesgos y esquemas cognitivos a la hora de abordar las pruebas y los casos en general, con el fin de no contribuir a la impunidad del crimen.

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