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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Female Forensic Patients May Be an atypical sub-type of Females Presenting Aggressive and Antisocial Behavior” de Hodgins, S. (2022), en el que la autora recopila información perteneciente a literatura previa sobre las mujeres que se encuentran en tratamiento psiquiátrico forense y centra su atención en los rasgos antisociales y agresivos.

En la mayoría de países, hay menos mujeres tratadas en los servicios psiquiátricos forenses que hombres, y menos son encarceladas en prisiones. 

Algunas personas señalan que esto ocurre porque hay un menor comportamiento agresivo y antisocial (de ahora en adelante, CAA) en las mujeres que en los hombres; sin embargo, no todos los expertos apoyan esta idea porque los estudios no son concluyentes. 

Por ejemplo, en un estudio donde se analizó a aproximadamente 1.000 individuos adultos, hombres y mujeres, el 7,5% de ellas y el 10,5% de ellos presentaban conductas antisociales y agresivas, que comenzaron en la infancia y se mantuvieron hasta la edad adulta. La diferencia no es significativa. 

Para comprender mejor la situación de estas mujeres y las características de su salud mental, la autora revisa artículos ya publicados sobre ello. 

Un estudio holandés utilizó una muestra de 275 pacientes forenses, mujeres, en torno a los 30 años. Antes de haber ingresado como pacientes, el 54% había sido condenada por algún delito y el 88% había sido tratada previamente por otros servicios de psiquiatría

Tres cuartas partes de ellas habían sufrido maltratos en la infancia, en algunos casos prolongados hasta la edad adulta. 

Los delitos por los que habían llegado al centro psiquiátrico forense incluían homicidio (más del 50%), incendios provocados, otros delitos violentos, delitos contra la propiedad y violencia sexual. 

Los diagnósticos que habían recibido eran esquizofrenia (en un 32,9%), trastorno de uso de drogas, depresión, trastorno de estrés postraumático y trastorno límite de la personalidad. 

78 de las mujeres de este estudio fueron seguidas durante 3 años después de recibir el alta. Muy pocas reincidieron, de ellas, sólo 6 fueron condenadas por delitos violentos en estos 3 años inmediatamente posteriores al alta. 

Otro estudio, este realizado en Ontario, Canadá, analizó todos los casos de psiquiatría forense desde 1987 a 2012, de personas que fueron declaradas no responsables penalmente por trastorno mental. El 14% eran mujeres. El 91% de ellas habían sido atendidas previamente en servicios psiquiátricos y el 36% habían sido condenadas por algún delito. 

Además, el 13% de ellas se encontraba en una situación precaria, viviendo en la calle, y el 21% estaban desempleadas. 

Por lo tanto, todo esto sugiere que las pacientes psiquiátricas forenses femeninas presentan trastornos mentales que incluyen disfunciones emocionales, cognitivas, y bajos niveles de funcionamiento psicosocial. 

Entre las mujeres que presentan CAA, es necesario mencionar que muchas de ellas no son procesadas por el sistema de justicia penal. 

En un estudio con 96 niñas y adolescentes que acudieron a una clínica buscando ayuda por abuso de sustancias, el 44,8% de ellas informó haber participado en algún acto violento (peleas callejeras, golpear a alguien, portar armas…). Casi dos tercios de estas niñas, y el 34% de aquellas que no habían sido violentas, fueron diagnosticadas con un trastorno de conducta. 

Las comparaciones de los casos de cada una de las niñas, mostró que aquellas que habían participado en actos violentos tenían cuatro veces más probabilidades de tener un trastorno por consumo de drogas y tres veces más propensas a sufrir abusos físicos y sexuales. Es decir, tenían significativamente más factores de riesgo. 

Se siguió a las niñas que participaron en este estudio durante 5 años, y aunque no cumplían con todos los criterios de un trastorno de personalidad antisocial, sí tenían una conducta más violenta que las mujeres sanas. 

Esto sugiere que tanto en la adolescencia como en la edad adulta, las mujeres con un trastorno de conducta previo tienden a mostrar niveles más altos de rasgos psicopáticos, como la agresividad, y algunos rasgos del trastorno de conducta antisocial. 

Así, se han identificado algunos factores a los que es importante prestar atención desde la infancia para prevenir y tratar estos trastornos, como un bajo rendimiento académico, la aparición de rasgos psicopáticos…, pero no conductas agresivas y antisociales, por lo tanto, esto es algo que ha permanecido oculto a la vista.

Es importante destacar que los problemas de conducta y determinados rasgos emocionales en los jóvenes pueden predecir la criminalidad. 

Además, se ha relacionado en varios estudios a la esquizofrenia y el trastorno límite de la personalidad con la conducta agresiva y antisocial en los casos de mujeres que se encuentran en tratamiento psiquiátrico forense. 

La autora propone prestar especial atención a los primeros años de las niñas, ya que muchos problemas de salud mental tienen su origen en una crianza dura, poco eficaz, o un entorno primario problemático.  

Aunque el trastorno de conducta agresiva y antisocial sea difícil de observar, las consecuencias para las niñas y su entorno son brutales y destructivas. 

Así, la autora recomienda centrar los esfuerzos en la prevención y el tratamiento de aquellas mujeres que ya sufren estos problemas. Por ejemplo, intervenir en campañas de prevención del uso de sustancias, del embarazo adolescente o de la agresividad en general. 

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Mechanisms for protecting children’s rights and the role of psychological services in the juvenile justice system of Russia against the background of international practices”, de Orsayeva, R.; Vasyaev, A. y Shestak, V. (2022), en el que los autores realizan un análisis crítico de la situación actual del sistema penal y procesal penal en Rusia aplicado a menores de edad.

La protección de los derechos del niño sigue siendo uno de los desafíos más graves a los que se enfrentan las sociedades modernas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y la sociedad para mejorar la protección de la infancia, no se han resuelto las estrategias dirigidas a algunos temas, como las intervenciones de los jóvenes en el sistema penal o la prevención para que éstos no sufran violencia y abandono por parte de sus familias. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada por todos los países europeos y ha ayudado a fortalecer la cultura de la protección del niño. Sin embargo, los resultados obtenidos no son los esperados. 

Además, en la justicia juvenil, las violaciones de los derechos del niño son omnipresentes, y parece ser que en la última década ha habido una regresión en lugar de avances o estancamientos. Esto puede explicarse porque, quizá, la sociedad no sabe con exactitud cómo los derechos del niño pueden contribuir a una mejora del sistema judicial juvenil.

En cuanto a la protección de los derechos del niño y el sistema de justicia juvenil en Rusia, existe un problema de discrepancia entre los derechos declarados por ley y los derechos que se aplican de forma efectiva.

Un tema aparte es el factor de las características y problemas psicológicos de los adolescentes en el sistema de justicia. En los últimos 10 años, sólo en EEUU, el porcentaje de jóvenes que habían tenido contacto con el sistema penal y que, además, poseían problemas de salud mental, ascendía al 70%. 

El objetivo de este estudio es analizar el estado y la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos del niño en Rusia, para comparar con las leyes de otros estados, haciendo lo mismo con el sistema de justicia juvenil. También se revisa brevemente la problemática de la salud mental en los jóvenes que entran en contacto con este sistema. 

En el ámbito legal, hay muchas discusiones sobre los aspectos negativos de la justicia juvenil y su implementación en Rusia. 

El principal aspecto negativo es el control estatal final sobre la familia. Los trabajadores de justicia juvenil están autorizados para alejar al niño de su familia cuando los padres son acusados de abuso, incapacidad de proporcionar una nutrición adecuada, tienen una situación financiera inadecuada, entre otros. 

Por lo tanto, la sociedad está asustada por el hecho de que las familias pueden verse privadas de sus hijos, ya que hay una gran cantidad de ellas que viven en situación de pobreza. 

Sin embargo, estos temores son exagerados. El objetivo de la justicia juvenil simplemente busca ser una garantía de los derechos básicos del niño y sólo se tomarán medidas cuando haya pruebas de esas acusaciones

Además, en Rusia, el sistema de justicia juvenil se basa en las opiniones subjetivas de los representantes de sus órganos, por tanto, en un número significativo de casos, los tribunales no satisfacen las solicitudes de internamiento en un centro de detención juvenil. Además, no hay una evaluación psicológica profesional en el tribunal, y bien es sabido que, en base a éstas, se planifican y organizan medidas sociales y psicológicas encaminadas a maximizar el éxito del desarrollo del menor. 

Con respecto al problema de la salud mental, numerosos estudios confirman que una proporción significativa de jóvenes del sistema de justicia juvenil sufren de un trastorno mental diagnosticable. Según los datos disponibles en Rusia, entre los delincuentes adolescentes, el número de personas con trastornos mentales es de mínimo el 50% de los casos. 

Los autores proponen que la prioridad del sistema debe ser dedicar recursos a los programas sociales destinados a la prevención de la delincuencia juvenil, además de proporcionar oportunidades a quienes son propensos a delinquir. Es de suma importancia apoyar tanto a la policía y las demás autoridades, como a los programas dirigidos a personas en riesgo. 

El personal escolar, los servicios sociales, las organizaciones sin ánimo de lucro y la sociedad, están obligados a hacer un gran esfuerzo. 

Es mediante el ejercicio de todos los poderes que se podrá mantener la integridad del sistema de justicia juvenil mientras se brindan alternativas apropiadas a los menores que no pueden o no quieren obtener asistencia. 

Además, para terminar de desarrollar una justicia justa, los autores creen que Rusia debe ir más allá del concepto legal de justicia, y cambiar a uno que pueda combatir las desigualdades de cualquier tipo, ya sean de naturaleza criminal o social. Esto sería particularmente importante en el contexto de la juventud, ya que se ven afectados por políticas injustas, según comentan los autores. Este sería el enfoque de justicia social que consideran puede señalar el camino a seguir. 

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Crimes and sentences in individuals with intellectual disability in a forensic psychiatric context: a register-based study”, de Edberg, H.; Chen, Q.; Andiné, P.; Larsson, H. y Hirvikoski, T. (2022), en el que los autores realizan un estudio para conocer cuáles son los delitos cometidos por personas con discapacidad intelectual y su comparación con los cometidos por personas con un desarrollo intelectual típico.

Las personas con discapacidad intelectual que cometen delitos tienen un estatus judicial, unas características y unas necesidades que preocupan en la mayoría de países desarrollados. 

Estas personas constituyen un grupo importante, pero, aún así, pequeño y no bien reconocido. La prevalencia de la discapacidad intelectual (de ahora en adelante, DI) diagnosticada en la población general es de aproximadamente un 1%, y aquellos que cometen delitos penales constituyen un pequeño número de ese porcentaje. 

Si las personas con DI tienen o no un riesgo mayor de cometer delitos, es algo que no está claro según la literatura actual. Hay expertos que apoyan la idea y otros que la descartan, ya que no se ha podido confirmar.

En los últimos años se han propuesto varios patrones en cuanto a la tipología de los delitos cometidos por personas con DI. Varios estudios han señalado un mayor riesgo de conductas sexualmente inapropiadas y, por tanto, de ofensas sexuales. 

Esta generalización, sin embargo, debe estudiarse, ya que las muestras utilizadas para estos estudios han sido pequeñas y las definiciones propuestas de la discapacidad intelectual, inconsistentes. 

La mayoría de países desarrollados tienen una legislación penal en la que los infractores no serán responsables de sus crímenes si sufren algún tipo de patología mental, y cumplen ciertas condiciones. Se consideran, por ejemplo, incapaces de comparecer en el juicio, o no culpables por demencia. 

Satisfacer las necesidades especiales de estas personas, proporcionarles una rehabilitación adecuada y combinar ésto con la seguridad pública, es una tarea complicada para la que se necesita una pluralidad de opciones. Los autores sostienen que ni las órdenes penitenciarias ni las hospitalarias son ideales. Las sanciones y medidas comunitarias, definidas como sentencias no carcelarias, como, por ejemplo, la libertad condicional, han aumentado continuamente en los países europeos. Sin embargo, la prevalencia de personas con DI en los sistemas penitenciarios se encuentra aproximadamente en un 2-10%. 

Suecia (el país contexto de este estudio) considera que los delincuentes con trastornos mentales graves pueden ser considerados responsables de sus acciones. Sin embargo, el tribunal puede imponer una evaluación psiquiátrica forense previa al juicio para decidir si un delincuente sufre un trastorno mental severo, y así sentenciarlo a recibir atención psiquiátrica forense en lugar de ir a prisión. 

El objetivo principal de este estudio fue estudiar la tipología de delitos en personas con DI y sin DI que estaban sujetas a una evaluación psiquiátrica forense previa al juicio, en el contexto sueco. 

El estudio fue observacional y basado en registros de todas las personas sujetas a evaluación psiquiátrica forense en Suecia desde el 1 de enero de 1997 hasta el 30 de mayo de 2013. La población del estudio final fue de 7.450 individuos. 

Los delitos se clasificaron en cuatro categorías: delitos sexuales, delitos violentos, delitos violentos no sexuales y delitos no violentos no sexuales. 

Los delitos sexuales incluían la violación, la coerción sexual, el abuso de menores, el exhibicionismo, el acoso sexual, la pornografía infantil, entre otros. 

Los delitos violentos incluían homicidios, asaltos, robos, incendios provocados, amenazas ilegales o intimidación…. 

Los delitos violentos no sexuales excluyeron todos los delitos sexuales de la categoría de delitos violentos.

Por último, en los delitos no violentos no sexuales se incluyeron todos los que no entraban dentro de las categorías anteriores. 

Los resultados indicaron que los delitos sexuales fueron más comunes entre las personas con DI que sin DI. El 26% de los delincuentes con DI había cometido un delito sexual, en comparación con el 15% en el grupo sin DI. Los delitos violentos fueron igualmente frecuentes entre ambos grupos.

Se han propuesto varias explicaciones posibles a estos datos. Por ejemplo, la falta de conocimiento y educación sexual. Se ha demostrado que las personas con DI tienen niveles más bajos de conocimiento sexual que sus pares sin DI, planteando el tema de la educación sexual como medida preventiva de este tipo de delincuencia. 

Por otro lado, aparece la hipótesis del modelado como resultado de un abuso sexual previo. Surge de la idea de que la victimización previa es una circunstancia común entre los agresores sexuales y, además, las personas con DI tienen mayor riesgo de ser víctimas de este tipo de delitos. 

También aparece la falta de integración social, estrechamente relacionada con la idea de que los delincuentes sexuales en general, pueden carecer de una identidad prosocial. 

Los autores proponen invertir recursos y tiempo en programas de tratamiento estructurados y especializados para estas personas, además de investigar sobre las formas de rehabilitación y habilitación de la atención psiquiátrica forense que reciben. 

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Juvenile Homicide Offenders Look Back 35 years later: Reasons They Were Involved In Murder” de Heide, K. M. (2020), en el que la autora realiza una serie de entrevistas con personas que, en su juventud, fueron encarceladas por cometer asesinatos, para investigar cuáles son las causas que les llevaron a ello, según la opinión de los propios ex delincuentes.

El homicidio cometido por jóvenes y el trato posterior de la justicia con éstos, ha sido un tema controvertido y al que los expertos le han prestado atención especialmente desde el pasado siglo.

Cuando los jóvenes se involucran en delitos violentos, especialmente asesinatos, la sociedad se pregunta por qué y qué se debe hacer con ellos.

En el contexto de Estados Unidos hay dos períodos en los que los asesinatos cometidos por menores aumentaron. El primero se dio entre 1960 y 1975, cuando los arrestos a menores por asesinato y homicidio aumentaron un 200%. La segunda etapa se dio entre 1984 y 1993, donde los arrestos a menores pasaron de ser 1.004 a 3.284. Además, de estos arrestos, el porcentaje de homicidios pasó del 7,3% al 16,2%.

Este aumento significativo en la participación de menores en asesinatos ocurrió, además, en un momento en que la población juvenil estaba disminuyendo.

Los expertos advirtieron a la nación que esperara una ola de jóvenes superdepredadores y pronosticó que habría una escalada continua en los asesinatos de menores en los próximos años.

En respuesta a este fenómeno, en Estados Unidos se aprobaron una serie de leyes a finales de los años 80 y durante los años 90 que facilitaban la transferencia de menores involucrados en delitos graves como el asesinato, a la corte de adultos.

Los menores condenados en el sistema de justicia penal para adultos durante ese período, al igual que éstos, estaban sujetos a la pena de muerte, cadena perpetua sin libertad condicional y largas penas de prisión.

En el siglo XXI, los tribunales de Estados Unidos reconocieron que los menores tienen un desarrollo diferente al de los adultos. Debido a que sus cerebros no están completamente desarrollados, están menos equipados para evaluar situaciones de forma crítica y tienden a ser más impulsivos. También son más vulnerables a la presión de sus compañeros y tienen una capacidad limitada para librarse de entornos desfavorables en sus hogares o sus barrios.

Algunos expertos investigaron qué ocurría con estos jóvenes una vez que unos años habían pasado desde el crimen cometido. Los que habían salido de prisión ¿habían reincidido? Los que no habían salido ¿habían reincidido dentro de prisión?

Vries y Liem realizaron un seguimiento a 137 jóvenes condenados por homicidio que ingresaron en centros de menores en los Países Bajos. El seguimiento se realizó durante un período entre 1 y 16 años. El 59% fue condenado de nuevo por otros delitos, entre ellos, más asesinatos.

Estos autores consideraron que la edad del primer arresto, la edad en el momento del homicidio, la cantidad de delitos anteriores y las relaciones con amigos delincuentes, eran factores predictivos significativos.

Para analizar la reincidencia, las impresiones con respecto a sus crímenes y otros factores, la autora decidió llevar a cabo una serie de entrevistas con personas que formaban parte de la muestra de uno de los estudios de Heide.

Heide realizó cinco estudios de seguimiento de un grupo de jóvenes masculinos condenados por asesinato, intento de asesinato u homicidio. Estos jóvenes habían sido juzgados en tribunales para adultos con las consecuentes penas.

En el momento de redacción de este artículo, estos jóvenes contaban ya con algo más de 50 años, ya que habían pasado 35 años desde el primer estudio. Se les realizaron entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas y cerradas acerca de sus experiencias en prisión, sus experiencias posteriores a su liberación, la reincidencia, y se les preguntó cuáles creían que eran las razones por las que se habían metido en problemas.

Un factor se destacó como la razón más importante. El 70% de los participantes identificaron la presión de los amigos como el factor con mayor influencia en su participación delictiva. Más del 50% dijeron que los factores más importantes fue la adicción a las drogas, además de convivir con el crimen diariamente en sus barrios.

Esto es coherente con la teoría subcultural y la teoría de la desorganización social.

Sólo un tercio de los entrevistados dijeron que actuaron de forma impulsiva. Debemos recordar que la impulsividad es un rasgo muy significativo de la psicopatía y un factor principal en la teoría del autocontrol del crimen, que a veces también se denomina teoría general del crimen.

Dentro de las limitaciones del estudio, los autores señalan que se debería reducir el periodo de seguimiento, ya que algunos sujetos que participaron en el estudio original ya habían muerto cuando se realizaron estas entrevistas.

Proponen disuadir a los jóvenes rehabilitados de regresar a sus antiguos barrios, particularmente si sus hogares se encontraban en comunidades donde el crimen era común. También se recomienda que no se asocien con sus viejos amigos si éstos continúan en este ambiente.

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Growing up in single-parent families and the criminal involvement of adolescents: a systematic review”, de Kroese, J.; Bernasco, W.; Liefbroer A. C. y Rouwendal, J. (2021), en el que los autores realizan una revisión de la literatura existente sobre las consecuencias de crecer en una familia monoparental, prestándole especial atención a la vinculación al crimen. 

Muchos niños crecen en familias monoparentales; de hecho, según las estadísticas, el número de familias con un solo padre biológico presente ha aumentado en los países occidentales en los últimos años. 

Crecer en una familia de este tipo suele darse porque previamente se ha pasado por una separación, divorcio, fallecimiento de uno de los padres, etcétera. Sin embargo, este último caso es el menos común, ya que cada vez es mayor el porcentaje de familias monoparentales por divorcio, separación y madres solteras. 

Los autores consideran que, observando el aumento de las estadísticas con respecto a la existencia de este tipo de familias, se deberían estudiar las consecuencias de crecer en el entorno. 

En investigaciones previas se ha sugerido que crecer en una familia monoparental tiene efectos negativos en el bienestar emocional de los niños, así como en su desarrollo cognitivo y su rendimiento escolar. Además, se han señalado problemas de control del comportamiento o ansiedad en los niños que pertenecen a estas familias. 

Estos estudios apuntan al divorcio como un punto muy importante, fuertemente identificado como un factor estresante para los niños. 

¿Qué ocurre con la criminalidad? Se ha señalado que relacionarse con el crimen durante la adolescencia es un factor de riesgo para jóvenes que han crecido en familias con un único progenitor presente. Esto también se asocia con una peor salud y bienestar y mayores probabilidades de continuar con actividades delictivas en la madurez. 

Sin embargo, a pesar de que no existe gran cantidad de literatura sobre jóvenes de familias monoparentales y su relación con la criminalidad, sí se han estudiado en numerosas ocasiones los vínculos entre ésta y los jóvenes en general.

Existe la teoría del control social, que sugiere que los adolescentes participan en el crimen porque tienen una falta de vínculos afectivos con sus padres, una falta de compromiso con las normas, no se enganchan a actividades convencionales y no desarrollan la creencia de las ya mencionadas normas merezcan respeto. 

Por ejemplo, si existen vínculos muy débiles con los padres, es posible que los niños y jóvenes se sientan más estimulados pasando tiempo en ambientes criminógenos en lugar de con sus padres. 

También existe el modelo de la crisis de familia. Este modelo sugiere que las disrupciones familiares son importantes factores determinantes del bienestar de los niños. Por ejemplo, experimentar divorcio o separación de los padres causa estrés psicológico, resentimiento emocional y tensión social en los niños. 

Consecuentemente, el resentimiento emocional en los niños podría disminuir el nivel de vinculación familiar y aumentar la conducta criminal del niño. 

Por otro lado, este mismo modelo sostiene que experimentar la muerte de uno de los progenitores causa ansiedad, estrés emocional y depresión. 

Por lo tanto, parece coherente sugerir que, según este modelo, la conducta criminal tiene más posibilidades de aparecer en jóvenes que pertenecen a familias monoparentales que han experimentado divorcios o separaciones, antes que en jóvenes de familias monoparentales por fallecimiento de uno de los progenitores. 

Sin embargo, esta es sólo una pequeña parte de la literatura existente. Los autores realizan su propio estudio, investigando artículos sobre el tema. Finalmente, el número de la muestra fue de 48. 

Los autores señalan las cuestiones principales como conclusiones de su investigación: primero, parece ser que ser un adolescente relacionado con el crimen y haber nacido y crecido en una familia monoparental son hechos que guardan una fuerte relación; segundo, sólo un estudio reporta los efectos de cada uno de los distintos motivos de aparición de familias monoparentales como factores criminógenos para los jóvenes, así que está claro que se necesita más investigación. 

Con respecto a la primera cuestión, la gran mayoría de los artículos estudiados reporta una relación positiva entre ambas ideas. 

Se encontró que en un estudio realizado con informes sobre condenas de menores, se sugiere que los adolescentes de familias monoparentales por divorcio o separación mostraban niveles más altos de delincuencia que los adolescentes de familias monoparentales por fallecimiento de alguno de los progenitores. 

Este hallazgo es consistente con las expectativas del modelo de crisis familiar. Si bien, esta y otras teorías mencionadas en el artículo, no son suficientes para explicar completamente este fenómeno. 

Por tanto, existen limitaciones. Por ejemplo, casi todos los datos de comportamiento de los adolescentes fueron autoinformados. Es posible que por ello, exista una subestimación de los niveles reales de delincuencia. Por otro lado, en casi el 30% de los estudios sólo se incluyó a los niños como participantes. 

Hay varias sugerencias para investigaciones futuras, como realizar los estudios en contextos distintos al de los Estados Unidos. 

En conclusión, esta revisión proporciona información relevante, pero también muestra que se carece de los datos suficientes como para poder afirmar las consecuencias de crecer en una familia monoparental. Por ello, los autores recomiendan continuar estudiando este tema, dado que el porcentaje de familias de este tipo va en aumento desde hace unos años, como comentamos al principio del post. 

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Where should pólice forces target their residential burglary reduction efforts? Using official victimisation data to predict burglary incidences at the neighbourhood level”, de Hunter, J.; Ward, B.; Tseloni, A. y Pease, K. (2021), en el que los autores exponen algunos datos interesantes de factores riesgo y protección a la hora de sufrir robos en hogares de áreas residenciales.

El robo en el domicilio es uno de los delitos frente a los que nos sentimos más impotentes. En nuestros hogares estamos cómodos y protegidos, y si alguien entra a robarnos, sentimos una gran violación de nuestra privacidad, espacio y derechos.

La criminología ha aportado herramientas de análisis a los cuerpos de seguridad que llevan ya unos años implementando y tienen que ver con este asunto.

En concreto, nos referimos al análisis de concentración espacial del crimen. Este tipo de análisis se suele hacer con mapas de los llamados puntos calientes, que son lugares en los que la tasa de criminalidad, de cualquier tipo, es mayor que en otros y requiere especial atención.

Este tipo de mapas de concentraciones delictivas ofrecen a las fuerzas policiales la oportunidad de centrarse en las intervenciones dentro de zonas críticas para reducir la incidencia criminal.

Aunque este método no ha sido del todo inútil, es cierto que la simple designación de un área como punto caliente en función de la cantidad de delitos registrados por la policía, descuida gran parte de los datos de las dinámicas de los robos.

Por ejemplo, la victimización repetida o una difusión anticipada de los posibles beneficios.

Los autores de este artículo se apoyan precisamente en este punto. Consideran que asignar recursos policiales reactivos y/o proactivos basándose simplemente en el análisis de puntos calientes pasan por alto aspectos cruciales. Estarían olvidando la importancia de las características de las personas, los hogares y los barrios.

Teniendo en cuenta que este tipo de delitos tienen un fuerte componente de victimización para las personas que lo sufren, los autores del artículo se preguntan si es posible aplicar la victimología para arrojar luz sobre ellos y mejorar su prevención.

Algunos de los conceptos a los que se refieren podrían ser el comportamiento de los residentes, el ambiente de la zona, el lugar exacto o la motivación de los ladrones.

En este artículo, los autores intentan crear unos mapas de predicción de robos y describirlos, para abordar la ausencia de la consideración de los factores que consideran importantes y olvidados por las fuerzas de seguridad.

Los lugares representados en los mapas y, por tanto, de estudio, son Inglaterra y Gales.

Los datos utilizados son recopilados de una encuesta realizada a nivel nacional sobre el crimen y experiencias relacionadas con él. Fue llevada a cabo por la ONS (Office for National Statistics, u Oficina Nacional de Estadística) de Reino Unido. En total, los datos procedían de más de 130.000 unidades familiares.

Se obtuvieron resultados que merece la pena tener en cuenta a la hora de actuar para prevenir este tipo de delitos. Las estructuras de oportunidad que dan forma al riesgo de victimización por robo están influenciadas, como ya hemos comentado, por muchos factores.

Algunos de ellos son la hora y el día de la semana, el tipo de propiedad, pistas visuales que se ofrecen a los delincuentes, el trayecto que deben hacer éstos hasta el lugar del crimen y sus decisiones de comportamiento, e incluso las propias respuestas policiales para reducir los robos, como la vigilancia de los puntos calientes.

Basándose en las encuestas ya mencionadas sobre delincuencia, los autores intentan identificar los tipos de hogares que son más robados y el perfil sociodemográfico de las áreas en las que se encuentran.

Los factores que parecen propiciar la comisión de robos incluyen, por un lado, características individuales. Por ejemplo, parece que en el área de estudio las personas asiáticas corren más peligro.

También habría que tener en cuenta qué personas forman parte del hogar y sus circunstancias. Aquellos con más riesgo son los mayores de 65 años que viven solos, las familias monoparentales o los que viven en alquileres sociales.

Tener más de tres coches o no tener ninguno también llamaría la atención de los ladrones, así como tener alguna enfermedad, especialmente las limitantes. Ocurriría lo mismo con haberse mudado en el último año o vivir en áreas con un complicado acceso al sector servicios.

Por lo contrario, los hogares de familias negras o con una mujer como cabeza de familia, al igual que tener un solo coche o vivir en zonas urbanas o con servicios accesibles, reduciría el riesgo.

Además, influyen factores importantes que señala la criminología sobre la oportunidad. Por ejemplo, el estado de salud física de la víctima, vulnerabilidades percibidas (como dificultades de la víctima para comunicarse con los demás) e incluso la potencial inmunidad de los ladrones.

Con todos estos datos, los autores generan un mapa que consideran muy útil para que las fuerzas de seguridad utilicen a la hora de destinar recursos para prevenir este tipo de delitos.

Existen limitaciones en este artículo, como que no se tiene toda la información deseada de las encuestas, como la presencia o ausencia de dispositivos de seguridad en los hogares.

Las futuras investigaciones deberán ir encaminadas a la solución o corrección de estas limitaciones y, además, los autores sugieren que se haga lo mismo para otro tipo de delitos, ya que se podría obtener información muy útil.

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Homicide Profiles Base don Crime Scene and Victim Characteristics”, de Pecino-Latorre, M. M.; Pérez-Fuentes, M. C. y Patró-Hernández, R. M. (2019), en el cual las autoras pretenden identificar las características de los homicidas a partir de las conductas realizadas y observadas en la escena del crimen, y las características de la víctima.

La perfilación criminal es un campo de estudio muy complejo que lleva interesando a numerosos expertos muchos años, debido a su eficacia a la hora de resolver crímenes.

Y tan compleja como la perfilación criminal es el área en que es más importante y espectacular su aplicación: los casos de homicidios.

Los casos de homicidios son especialmente llamativos porque es la más violenta de las conductas criminales, pero además por el gran impacto que implica no sólo para los allegados de las víctimas, sino también para la sociedad.

El homicidio es un fenómeno difícil de tratar, ya que incluye variables con características dinámicas y procesos psicológicos específicos relacionados con el homicida, la víctima, el contexto de ambos, etcétera, que son complicadas de estudiar.

Es por ello por lo que, en las investigaciones recientes se recomienda estudiar cada caso de forma independiente, examinando los aspectos específicos, sus detalles, en lugar de realizar asociaciones generales.

Un enfoque que ha cobrado importancia en los últimos años es el que cambia la idea del perfilador criminal tradicional, en la que se le veía como una figura que predecía la personalidad desconocida del criminal. Se plantea que, en adelante, el perfilador se base en elementos del crimen que le permitan crear hipótesis de características potenciales del criminal de forma más rigurosa.

Algunos autores de otros estudios previos se han centrado en analizar las diferencias en los modus operandi en función del género del criminal. Por ejemplo, encontraron que los hombres suelen matar más a mujeres y personas que conocen, mientras que las mujeres matan con más frecuencia a miembros de su familia. Con respecto al arma del delito, los hombres tenderían más a usar armas de fuego mientras que las mujeres suelen optar por la asfixia.

Otros datos interesantes de estudios que citan las autoras, es que se ha observado que, en los casos en los que el homicida conoce a su víctima, suele haber un mayor número de heridas, los crímenes se cometen en espacios cerrados y utilizando objetos punzantes o cortantes.

Es decir, hay numerosos estudios donde se ha visto que es útil estudiar los detalles y elementos del homicidio para inferir características del criminal. Por ello, las autoras de este artículo se plantearon determinar qué datos del delito, del comportamiento observado en la escena del crimen y en las víctimas, están asociadas con las características del homicida simple en España, que es el lugar en el que se realizó el estudio.

El estudio incluyó un total de 448 casos de homicidio que se estudiaron utilizando softwares estadísticos. El 90,8% de estos crímenes fueron perpetrados por hombres; un 9,2%, por mujeres.

Los resultados obtenidos son consistentes con la idea de que, a partir de los elementos del homicidio, tales como la escena del crimen, el modus operandi o rasgos de la víctima, se pueden plantear hipótesis sobre características potenciales del perpetrador, de forma que se pueden filtrar sospechosos de forma más rigurosa.

Algunos de los datos conseguidos con el estudio fueron, en primer lugar, que, si la víctima es una persona menor de edad, es más probable que el autor del delito sea una mujer, y más aún si se utilizó la asfixia para cometer el homicidio. Además, las mujeres estarían más relacionadas con crímenes intrafamiliares, en concreto, las víctimas más comunes serían sus hijos.

Por otro lado, los hombres tenderían más a utilizar armas de fuego y la fuerza bruta contra sus víctimas.

Vemos cómo los resultados coinciden hasta ahora con los estudios previos realizados.

El estudio informa de otros aspectos, como que es más probable que el agresor sea español si la víctima también lo es –recordemos que la investigación se realizó en España–, y será más probable que sea extranjero si también es el caso de la víctima.

En lo relativo al historial delictivo previo, se obtienen datos importantes como que, si existen antecedentes de delitos contra las personas, los perpetradores optarán por tener especial cuidado a la hora de tomar precauciones para no ser descubiertos. Además, aquellas personas que previamente han cometido delitos, es más probable que si perpetran un homicidio sea al aire libre. Por último, las personas con historiales de agresiones sexuales tienden a elegir a víctimas que oscilen entre los 19 y los 35 años.

Las autoras señalan que el estudio cuenta con algunas limitaciones, por ejemplo, que las conclusiones obtenidas no pueden generalizarse a todos los homicidios, debido a que la muestra para la investigación está compuesta por únicamente casos de homicidios simples donde los perpetradores son mayores de 18 años. Otra limitación sería que la base de datos de donde se obtuvieron los casos, no incluía detalles sobre la escena del crimen, lugar de las heridas, o circunstancias específicas en las que se encontró el cuerpo, por lo que señalan la importancia de que los estudios venideros tengan en cuenta estos puntos.

Este estudio demuestra que prestar atención a la victimología es esencial en las investigaciones criminales, ya que las características de la víctima, el modus operandi, la escena del crimen, etcétera, ofrecen información muy poderosa de los perpetradores.

Las autoras concluyen con la idea de que los resultados están basados en evidencias empíricas y las investigaciones futuras deben ir en esta línea, subsanando las limitaciones del presente estudio.

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